Por segundo año consecutivo viviremos un 20 de julio inédito: en muchas regiones, como el Cesar, en vez de desfiles habrá marchas. Al punto que la instalación del Congreso de la República no será a las 3:00 de la tarde, sino a las 8:00 de la mañana por razones de seguridad.

Será el inicio de un nuevo periodo legislativo, con un gobierno de salida, en el que el Congreso tendrá responsabilidades, la mayor: la reforma tributaria, la cual provocó las más grandes marchas de la historia reciente.

Por eso de las comunicaciones, la reforma tributaria llevará el nombre de Ley de inversión social. El Gobierno cambió la reforma, y la carga la asumen las empresas, no las personas naturales aunque sean ricas; una reforma liviana pero pasable políticamente y con premura por la pérdida  del grado de inversión por la calificadora Fitch Ratings.

El otro proyecto que aterrizará en el Congreso será el de antivandalismo, polémico por donde se le mire. Con los instrumentos actuales se dice que el Gobierno podría contener esa mala deriva de la protesta.

Según la oposición, el proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo limitaría el derecho a la protesta; según el Gobierno simplemente se evitarían los desmanes que mancharon las pasadas jornadas. “La protesta pacífica es un derecho constitucional que todos tenemos que garantizar, pero pacífico significa ausente de violencia, ausente de violar los derechos de otros”, puntualizó Duque.

En medio de esos proyectos se acercan las elecciones presidenciales y legislativas del 2022, mientras a la par avanza el plan de vacunación y se logra la inmunización general. Lo que aún se desconoce es si se reactivarán las protestas  al nivel de las de abril.

Por su lado, la oposición buscará una transformación de la Policía Nacional, que  signifique la desaparición (o transformación)  del Esmad, triste protagonista durante las marchas de los meses de abril y mayo. Hablando de la fuerza pública, los militares padecen ataques desde varios flancos, tan temibles como las emboscadas de los grupos armados ilegales, por hechos no institucionales pero que afectan, como los exmilitares atentando contra el presidente de Haití. Para no hablar de las noticias de la JEP sobre los falsos positivos dirigidos desde unidades militares, como el Batallón La Popa, a partir del 2002.

El Comité del Paro también será un actor político, sobre todo con las peticiones realizadas. De los integrantes del Comité, Fecode viene siendo  centro del debate con el retorno a la presencialidad en los colegios públicos.

El Comité también presentará trascendentales proyectos de ley, recogiendo las aspiraciones de sus bases, incluidas las juventudes, que se percibe con mayor seguridad y legitimidad con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su esperado informe.

¡Con todo y a pesar de todo, viva Colombia, patria querida!