“Transparencia en la Justicia, realizado en el Hotel Tequendama, se analizó, entre otros temas,  la crítica situación de las demandas en contra del Estado. Estos procesos legales representan un alto riesgo a las finanzas públicas pues podrían convertirse en un gasto insostenible.  Así mismo, según el estudio presentado, el alto número de demandas muestra la gran insatisfacción que existe, de parte de los ciudadanos, con respecto a varias entidades estatales.

El 66 por ciento de los procesos legales involucran a los sectores de Defensa, Justicia y Seguridad. De acuerdo con la Contraloría, en el periodo 2003-2009 se destinaron $2.4 billones a sentencias y conciliaciones de demandas perdidas por el Estado.
Sólo los sectores Defensa, Justicia y Seguridad perdieron demandas por un valor de $ 1.6 billones.   A septiembre 30 de 2009, los registros contables pretendían, a futuro, más de $749 billones, es decir el 154% del PIB de 2009, recursos destinados a pagar demandas en contra de entidades estatales.
Esta cifra incluye un proceso contra el Ministerio de Agricultura por $595 billones de pesos por el ‘pleito de las tierras de Oriente’, el cual fue fallado en primera instancia a favor de la Nación por el Tribunal Administrativo de Antioquia. .

El Procurador señaló que la mayoría de estas demandas son producto de la corrupción que existe en la rama judicial. La presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, Julia Emma Garzón, agregó por su parte que, en 2009, se sancionó a 1450 abogados, aunque “hay que tener en cuenta que no todos los jueces y abogados son corruptos”.

Según el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, realizado en el 2009, Colombia se encuentra en el puesto 75 entre 180 naciones de mundo (con 3, 7 puntos sobre 10). En el informe Somalia es el país más corrupto (con 1,1 puntos sobre 10) y Nueva Zelanda el menos (con 9,4 puntos sobre10).