BITÁCORA  

Por: Oscar Ariza

En una entrevista hecha por Cecilia Orozco Tascón, al Fiscal General de la Nación, y publicada en la edición dominical del diario El Espectador,  el entrevistado, Eduardo Montealegre reconoce que la institución que dirige, viene incurriendo en una serie de fallas que hoy ponen en tela de juicio el accionar en el cumplimiento de sus funciones para dirigir la acción penal. El jurista pone de manifiesto su preocupación frente a los excesos que se vienen cometiendo. Pese a  expresar que la institución que refiere como próxima a convertirse en un caballo desbocado, si no se evita, de hecho lo es en la praxis desde sus inicios.

Después de casi una década de cohabitar con un animal de tal connotación, el error no está en el caballo metaforizado, sino en los jinetes malos que venían direccionándola. Caballo y jinete han hecho un binomio catastrófico que hoy no puede seguir corriendo en su nefasta libertad para perseguir, más que para controlar. Por fin ha llegado alguien que intenta direccionarlo manteniendo un discurso crítico y mesurado, cuyas palabras guardan coherencia con su accionar.

Tras cerca de siete meses de gestión, este operador judicial ha adoptado determinaciones que repercuten profundamente en el momento histórico que vive nuestro país, coincidentes con una visión garantista antes que legalista, es decir, que concibe el proceso penal y el sistema acusatorio hoy imperante, como derecho constitucional aplicado: respeto incondicional de garantías individuales que no se pueden relativizar a favor, ni en contra de los culpables ni de los inocentes.

Preocupado por el desbordamiento de las competencias en las que incurren los organismos de control, haciendo que el Estado hoy esté respondiendo por errores que resultan significativos en términos cuantitativos; resalta enfatizadamente en acogerse a una concepción ideológica que implica un nuevo estilo en el manejo de la Fiscalía, materializado en su férrea oposición a que éste o cualquier órgano de control se conviertan en instrumentos de terror, a propósito de los yerros jurídicos en que incurrió la Fiscalía durante el proceso penal adelantado contra Sigifredo López, caso que pone al descubierto un serio problema de armonización entre entidades de la Policía Nacional y la Fiscalía que ejercen funciones de Policía Judicial.

Las decisiones a las que me he venido refiriendo están relacionadas con el manejo del atentado al exministro Fernando Londoño, las investigaciones a la Registraduría, el Fiscal del carrusel de la contratación en Bogotá que fue desvinculado por orden suya, entre otras, las que nos conducen a reflexionar si el titular de la pretensión punitiva, realmente investiga y formula acusación, con claro conocimiento y respeto de las garantías procesales propias de un sistema procesal penal, teórica o, mejor, utópicamente concebido bajo la idea de un método de persecución penal “marcadamente acusatorio”.

Creemos que el camino está siendo labrado; se están moviendo las fichas del juego encaminadas a lograr la estabilidad institucional, asegurar el futuro del sistema acusatorio y reivindicar el principio de seguridad jurídica, tan atropellado en el ejercicio del debido proceso por parte de los operadores judiciales.

Resulta atractiva e interesante la propuesta armonizadora del director del ente acusador, cuando llama a la cordura frente a los constantes excesos de restricción de libertad de los colombianos, reclamando en clave positiva los principios de objetividad en la valoración de los medios probatorios, el reconocimiento de errores para ser enmendados de inmediato por quienes incurran en ellos.

Si nos encontramos en un Estado social y democrático de derecho, hacia allá debemos dirigirnos, desde cualquier arista de la pirámide judicial en la que estemos ubicados, propugnando con actuaciones dignas de respeto y desprovistas de todo vestigio de corrupción, la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos, como fundamento y límite al ejercicio del poder punitivo del Estado, con un modelo de justificación a posteriori, cuya única legitimidad está dada sí y solo sí, son respetados ese plexo de derechos y libertades fundamentales que hacen a su verdadera esencia definitoria. Así las cosas, será necesario el tiempo como buen evaluador para que determine si del dicho al hecho aún sigue habiendo mucho trecho.

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