Nuevamente, un sector del pueblo arhuaco anuncia un bloqueo en la ciudad de Valledupar para la temporada de diciembre. A través de las redes sociales de la Confederación Indígena Tayrona, esta comunidad informó que los días 20, 21 y 22 de diciembre bloquearán las vías de acceso a la capital del Cesar. 

De acuerdo con un miembro de esta etnia indígena que prefirió omitir su nombre, el bloqueo lo realizarán para exigirle al Gobierno Nacional que respete sus procesos internos para elegir a su cabildo gobernador. Así como también por la falta de garantías del Estado para la protección de sus derechos y la autonomía del pueblo arhuaco. 

En ese sentido, en el comunicado se puntualiza que la “movilización exigirá que el Gobierno Nacional reconozca formalmente la elección al cabildo gobernador elegido bajo los principios culturales y espirituales del pueblo arhuaco, así como que garantice sus derechos”. 

En el panfleto de la movilización se hace referencia a un número de 10.000 arhuacos que participarían en el bloqueo. Una cifra alarmante que pone en peligro el orden público en la ciudad en víspera de Navidad. Al respecto, un miembro de esta comunidad manifestó que “la movilización será masiva, pero pacífica. Nosotros lo que queremos es el respeto de nuestra autonomía en la elección de nuestro cabildo y no estar más a la deriva. El pueblo está cansado”. 

Otras voces 

Con esta movilización no estarían de acuerdo 36 comunidades que hacen parte del pueblo arhuaco, sus autoridades y los mamos de este pueblo indígena. Así lo dio a conocer Gelver Zapata, miembro de esta etnia, quien manifestó que la movilización no cuenta con el apoyo total de esta colectividad. 

“Nos parece una situación que no está de acuerdo con las posturas propias del gobierno arhuaco, no es una cuestión propia de los mamos, que están apalancadas y que tienen otro tipo de intereses. Que tienen compromisos políticos y que tienen recursos públicos secuestrados y que tienen que liberarlos”, explicó Zapata.

A pesar de que Zapata aseveró que no está de acuerdo con la movilización, manifestó al igual que el otro miembro de esta comunidad, que el Gobierno Nacional se ha inmiscuido en la crisis político-administrativa de este pueblo indígena. 

“El mismo Gobierno Nacional a través de sus direcciones ha venido correspondiendo a una situación interna, de participar en decisiones, inmiscuirse en los asuntos de gobierno, facilitando los recursos todo lo que tiene que ver con la logística que estas personas han tenido y aprovechado para sostener la crisis interna”, aseguró.

La crisis 

Actualmente el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, no tiene cabildo gobernador, es decir, la persona que representa legalmente a esta población ante las instituciones y demás instancias. 

Zarwawiko Torres Torres fue el último en ocupar esa dignidad, tras su elección en junio de 2020, la cual fue demandada por otros líderes que aseguraron que la escogencia fue irregular y lograron que el registro de autoridad ante el  Ministerio del Interior fuera suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional, ordenando además al Gobierno generar los escenarios para que el pueblo pudiera solucionar su conflicto interno.

Desde entonces, la división se hizo más evidente, hubo protesta por quienes apoyaron a Torres y múltiples pronunciamientos de los opositores de su elección. No obstante, a través de un comunicado con fecha del 4 de octubre de este año, la Corte Constitucional decidió levantar la suspensión provisional del registro del antiguo representante.

“Levantar la medida provisional establecida en el ordinal segundo del Auto 149 de 2022, de conformidad con lo establecido en esta sentencia. En ese ordinal, se ordenó mantener la suspensión provisional del registro oficial de Zarwawiko Torres Torres como representante general de todo el pueblo arhuaco ante el Ministerio del Interior y ante las autoridades”, se lee en el tercer punto de la acción.

El argumento del alto tribunal es que ampara la autonomía, autogobierno y la “identidad étnica y cultural del pueblo arhuaco, los cuales fueron vulnerados por el Ministerio del Interior”. Sin embargo, el tiempo de mandato de Torres se cumplió y debe realizarse una nueva elección.

La Corte 

En ese sentido, la Corte también ordenó al Ministerio del Interior que en el término de un año cree un protocolo que esté orientado a directrices y mecanismos objetivos para actuar cuando hay conflictos interétnicos, además, brindar todas las garantías para que los mamos puedan reunirse sin injerencia de terceros.

Así mismo, el alto tribunal solicitó a los mamos, que en un plazo de 6 meses informen al Ministerio y al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, qué persona o junta ostenta, de forma transitoria o definitiva, la calidad de representante legal de su resguardo.

Por Redacción EL PILÓN