Visión Universal

Por Luis Mendoza Sierra
Los cesarenses y guajiros estamos, inevitablemente, obligados a hacer yunta para defender las regalías que genera la actividad minera en esta región o, de lo contrario, el gobierno central nos despoja de ellas  para gastarlas, en todo el país, según le venga en gana.
El proceso de defensa de estos recursos que tantas consecuencias nos deja producirlos y que a pesar de ser jugosas no colman las expectativas de la gente, debe comprometer a todos los actores. Natural resulta suponer que los demás departamentos productores de regalías por la explotación de sus riquezas naturales, se levantarán para impedir que nos arrebaten lo que es nuestro porque está en nuestro territorio y porque los efectos ambientales y sociales quedan aquí.
La discusión alcanza su mayor intensidad en el mejor momento. Estamos a cinco días de la posición del nuevo gobierno, está nombrado el Ministro de Minas, y ni siquiera debemos  esperar que comience su gestión para explorar su posición sobre el tema. El señor presidente Santos y el señor Ministro Rodado, deben decir, de una vez, si están de acuerdo o no con la intención descarada del gobierno saliente del señor Álvaro Uribe, consumada en un Acto Legislativo, dizque en defensa del  “Derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”.
El proyecto, puesto a consideración de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, modifica el artículo 334 de la Constitución Política y, en resumen plantea, es mi interpretación, que como la dirección general de la economía corresponde al Estado y teniendo éste la obligación de alcanzar los fines del Estado de Derecho, en lo que llama nuevo marco de sostenibilidad fiscal, le mete manos a las regalías, tomándolas para promover igualdad de oportunidades para todos y equidad en el desarrollo del país.
Si bien un Acto Legislativo nos da más chance para defendernos porque requiere de doble vuelta en el Congreso de la República, más la revisión en la Corte Constitucional, es un giro profundo y amplio del gobierno hacia su incontenible intervención en el manejo del maldito dinero de regalías. Ya no se trata de la modificación de una ley, como se venía anunciando. Es la creación de un escenario constitucional que consolidaría un espacio normativo desde el que se producirán leyes y decretos para consumar el ‘raponazo’.
No cabe ninguna discusión alrededor del derecho que tenemos todos los colombianos al goce de los bienes del Estado y de las riquezas del subsuelo. Lo que no podemos aceptar es que nos arrebaten todo y, de paso, la miseria que nos toca, deba invertirse según criterios y decisiones de un gobierno centralista.
Desgraciadamente, hemos producido tanta regalía como razones para que, desde el gobierno en Bogotá, se mire nuestra tierra como pródiga en corrupción. Un vistazo a las enormes carencias sociales y al atraso que padecen las comunidades del área minera; alcaldes,  presos, prófugos o ricos, son testimonios vivos de ese hecho inobjetable.
El pasado viernes, la Asamblea del Cesar promovió un foro para discutir alternativas para impedir las intenciones del gobierno nacional, como para impulsar acciones que conduzcan a un mejor y eficaz manejo de las regalías. Eduardo Esquivel, diputado oriundo del área minera, impulsó la idea que dejó como resultado la creación de cuatro mesas para trabajar, de manera constante y organizada, en esta tarea. Ojalá no se trate de otra calentura de esas que aquí no faltan y que terminan siendo fiebres de sábanas.

SABLAZOS

1- “Con el casco ardiendo”, al decir de los muchachos, quedaron quienes diseñaron y distribuyeron los espacios del recinto de la Asamblea del Cesar. Uno de los lados del triángulo que conforman las curules, da la espalda a la mesa directiva de la Corporación. Un atril se interpone entre los invitados especiales y los directivos. Lo peor: una odiosa división de cristal convierte el área de barras en un ‘Apartheid’. Las personas relegadas en un nicho parecido a las cabinas de visita a los presos de las cárceles norteamericanas, hablan desde un micrófono, por lo que el remedo termina siendo perfecto.
2- Los catalanes prohibieron las corridas de toros, esas terribles faenas en las que una lanza asesina aniquila la vida de un inocente animal. Las repercusiones de este hecho para Colombia no fueran tan trascendentes si la Corte Constitucional no estuviera discutiendo una demanda cuyo desenlace podría ser la prohibición de las corridas, el coleo y hasta las riñas de gallos. Lo lamentarían, Darío Pavajeu, ‘Checho’ Castro, en Valledupar, y Armando Orozco en La Vega Arriba, como otros galleros protagonistas de una tradición atávica, pero si la Corte lo aprueba, es lo mejor que puede pasar para acabar con el innegable dolor de estos pobres animales.