Semanas atrás dije que la articulación funcional prometida por el contralor, fiscal y recién posesionado procurador, nos hacía soñar con una lucha frontal contra la corrupción. Ahí mismo manifesté mi preocupación ante la posibilidad de que apareciera políticamente un D’artagnan y manipulara la simbiosis del control fiscal, penal y disciplinario de estos tres mosqueteros, en clara alusión a la cantada proclividad de las asistencialistas inversiones gubernamentales y un buen sector de la coalición denominada Unidad Nacional, a favor de la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. Dudas que se han ido diluyendo.

Días después, el señor contralor Edgardo Maya Villazón con vehemencia dijo en Valledupar que fungirían como jefes de debate en las elecciones presidenciales, insinuando que los partidos políticos o candidatos que tuvieran vínculos o inmersos en alguna arista del poder corruptor que campea en nuestro país, serían desenmascarados y supongo que sancionados por los organismos de control del Estado.

El optimismo siguió. Pero mientras la Contraloría General de la República señala con nombres propios a funcionarios de este gobierno y del anterior vinculados al desgreño financiero en la Refinería de Cartagena-Reficar, la Fiscalía y directamente su director, Néstor Humberto Martínez, es cuestionado por sus claros vínculos con las empresas investigadas en el monstro de mil cabezas que terminó siendo los sobornos de Odebretch, generando dudas y riesgos de que al final de la investigación en la lista de condenados ‘ni sean todos los que están, ni estén todos los que son’. La corrupción no es solo en La Guajira.

Ahora medios locales de comunicación anuncian que la Procuraduría General de la Nación compensará al senador José Alfredo Gnecco Zuleta por su voto a favor de Fernando Carrillo Rojas, nombrándole el procurador regional del Cesar, en contravía a la independencia política que debieran observar los organismos de control, si realmente quisieran impartir justicia sin factores predisponentes a penalizar al inocente y absolver al culpable, en consonancia con las pasiones del jefe político dueño del cargo territorial.

Hasta ahí las cosas parecen normales para quienes toleran que el clientelismo se anteponga a la imparcial idoneidad de los entes de control del Estado. No lo es, pero lo más grave radica en que el senador Gnecco representa la casta que ostenta el poder burocrático en nuestro departamento y entregarle la competencia sancionatoria sería como garantizar la absolución a funcionarios de su égida política, investigados disciplinariamente por sobrecostos, obras inconclusas, violaciones al ordenamiento jurídico, fallas en la planeación de obras etc., etc., etc. Ojalá no se consuma este acuerdo.

En estas condiciones son pocos los sueños de cambio que se van a cumplir. Con una Fiscalía contaminada por el tráfico de influencias y una Procuraduría supuestamente presa del tradicional clientelismo, solo nos queda la Contraloría, la cual aparte de proporcionar los insumos técnicos en la toma de decisiones judiciales, también puede echar mano de las herramientas sancionatorias previstas en la ley, abandonando el sepulcral registro de los recursos perdidos. Un abrazo. –

Por Antonio María Araújo Calderón

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