Sin fecha definida quedó ayer la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, como presunto responsable del delito de corrupción al sufrangante e invasión de tierras o edificaciones, por presuntamente firmar, durante su primera campaña a la alcaldía, un documento en el que se comprometía a no retirar invasores en ciertas áreas de la capital del Cesar.

La diligencia no se efectuó por una solicitud de aplazamiento que el dirigente local mediante su defensa entabló este lunes 23 de octubre, un día antes de la imputación de cargos.

“La petición se presentó porque el alcalde tenía unos compromisos que cumplir en la Asociación de Ciudades Capitales y el Ministerio de Hacienda en la ciudad de Bogotá, deberes que son ineludibles porque están relacionados con la gestión de recursos para el municipio”, dijo Miguel Rocha, asesor jurídico de la administración municipal.

La diligencia había sido requerida el 14 de septiembre por el ente acusador en el marco del proceso, donde se responsabiliza al mandatario de la presunta comisión del delito de corrupción al sufragante e invasión de tierras o edificaciones, cuando en el año 2011 era candidato por primera vez a la Alcaldía de Valledupar y habría pactado a través de un documento construir viviendas y no desalojar a las familias en sectores subnormales, especialmente de la invasión Tierra Prometida, a cambio de obtener respaldo en las elecciones que dieron como ganador finalmente a Fredys Socarrás Reales.

La línea investigativa de la Fiscalía General de la Nación indica que el dirigente en ese periodo alcanzó a diligenciar dos documentos de estos compromisos autenticados en la Notaria Segunda de Valledupar: uno pactado con los habitantes de la invasión ‘Tierra Prometida’ y el otro con las familias asentadas en la finca Sabana Uno, perteneciente al mayor (R) Alberto Pimienta, en donde actualmente están los barrios subnormales de la ciudad, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Guasimales.

Ante la acusación, el dirigente rindió versión libre en el mismo periodo al organismo investigador ante el cual explicó que este fue un proceso antes de las elecciones en el que exclusivamente se comprometía a amparar fallos y tutelas de los derechos constitucionales.

“En este caso referenciado es de importancia tener en cuenta que existen legislaciones que instan a garantizar albergues y construir viviendas a la población necesitada, como la sentencia 946 del año 2011 proferida por la Corte que especificaba que en el Cesar habría que edificar residencias para los desplazados”, agregó el asesor jurídico.

Asimismo, el abogado afirmó que aunque el defensor del alcalde en este proceso es otra persona, tiene la certeza de que se cuenta con elementos probatorios suficientes en la defensa para demostrar ante los operadores de justicia que no se ha actuado fuera del marco de la ley.

Los cargos por los que la Fiscalía Quinta Seccional pretende imputar al mandatario tienen una pena de prisión entre 48 y 98 meses y una multa de 133 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual forma, el de invasión de tierras en calidad de coautor tiene una pena de prisión de 32 a 90 meses.

“En este caso referenciado es de importancia tener en cuenta que existen legislaciones que instan a garantizar albergues y construir viviendas a la población necesitada, como la sentencia 946 del año 2011 proferida por la Corte que especificaba que en el Cesar habría que edificar residencias para los desplazados”: Miguel Rocha, asesor jurídico de la Alcaldía de Valledupar.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN
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