Replicamos hoy el editorial publicado en la edición de ayer domingo del diario El Espectador, porque es coherente con nuestra línea editorial y compartimos plenamente lo expuesto en el periódico capitalino.

Se está promoviendo a través de las redes sociales el llamado a ejercer una “sanción social” en contra de los desmovilizados de las Farc. A través de su cuenta de Twitter, el senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya escribió una agresiva proclama: “Que les dé pánico de salir a la calle porque los colombianos los aborrecemos”. En esa línea, su esposa Juliana Hernández protagonizó un escándalo esta semana al publicar una foto de un supuesto exguerrillero (que luego demostró no serlo) en un avión y diciendo que había intentado bajarse. Ante estos actos es necesario preguntarse: ¿este tipo de “sanciones” son expresiones democráticas legítimas o agresiones solapadas que debemos rechazar?

La ciudadanía está en todo su derecho de expresar su rechazo a quienes con su actuar quebranten el pacto social que nos une. Una sanción social es, en ese sentido, la manera en que los colombianos reafirman sus principios y le dicen a la persona objeto del reclamo que debe respetar unos principios básicos para poder vivir en sociedad.

Dicho eso, es necesaria la pregunta: ¿cuál es el propósito de dicha sanción? Ese acto nunca ocurre en un vacío; siempre está dirigido a otra persona, en medio de un espacio público, e interpela a la sociedad en general. Por eso, sobre quien ejerce la sanción recae una responsabilidad pedagógica: su actuar debe buscar un cambio en el comportamiento de la persona a la que se está sancionando. Idealmente, una sanción entabla un diálogo para que todos podamos vivir mejor en comunidad. Y eso, de entrada, exige el respeto por el otro.

Por eso, una sanción como la que promueve el senador, que lo único que pretende es excluir, no sólo es inútil sino que representa una agresión inaceptable. Iniciar una campaña para que los desmovilizados sientan “pánico” de salir a la calle, ¿qué logra, más allá de seguir alimentando la rabia de la gente y excluir a personas que están en un proceso de reinserción que los hace vulnerables?

Especialmente porque los desmovilizados de las Farc, contrario a lo que argumentan los promotores de esta agresión, han hecho el compromiso público de aceptar y respetar los principios básicos de la sociedad colombiana. Si bien delinquieron en el pasado, y el pago por esos crímenes es un pendiente que tendrá que solucionar la Jurisdicción Especial para la Paz, su presencia en la legalidad parte de la base de que no cometerán nuevos actos criminales.

En otras palabras: le están apostando a jugar limpio, a ganarse la vida respetando las mismas reglas de juego que todos, a vincularse al diario de la legalidad colombiana. ¿Qué ganamos, entonces, excluyéndolos? ¿Qué utilidad tiene el odio, qué enseña? ¿Que no tienen otra opción más que una vida en el crimen? Excluirlos de la sociedad sistemáticamente, sin darles una oportunidad, crea incentivos para que estas personas, que llevan tantos años no conociendo otra dinámica que la violencia, vuelvan a caer en ella. ¿Queremos eso en realidad? ¿Vamos a desperdiciar esta oportunidad histórica?

Utilizar la estatura moral de la sociedad para aplastar y marginar a personas vulnerables por su situación de desmovilizados es un acto de matoneo, no de justicia. Una sanción social debe servir para educar, corregir y permitir que los colombianos convivamos de manera más armónica.

Ejercer la sanción social, derecho que defendemos, lleva consigo responsabilidades ineludibles, siendo la principal que haya un propósito que le aporte a la sociedad, no que se quede en venganzas populistas. En medio de un proceso de reinserción, cazar socialmente a quienes les están apostando a la institucionalidad es cerrarles la puerta por completo a la reconciliación y seguir avivando la violencia en Colombia. Así no.