Por Luis Augusto González

La destitución del alcalde de Bogotá ha ocasionado un “trepequesube” de grandes proporciones. Fue un hecho predecible aunque inusitado.

Predecible por los antecedentes del Procurador; inusitado por el cargo que ejerce el disciplinado, el segundo en importancia nacional.

Todo tipo de especulaciones y suspicacias salieron a relucir con motivo de este fallo. Se sorprenden algunos de la drasticidad de la medida de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Quince años sacan de la vida pública a cualquiera. Aunque me declaro en desacuerdo con la destitución, esa sí excesiva, la inhabilidad decretada es coherente con la sanción principal, en los términos del Código Disciplinario Único, que la prevé con un mínimo de 10 años y un máximo de 20 años. Por algo a ese estatuto le llaman el Código Talibán.

La destitución sí es otra cosa. Se le atribuyó a Petro la responsabilidad por las irregularidades cometidas en el servicio de recolección de basuras cuando, pretendiendo desprivatizar el servicio, sumió en un caos transitorio a la capital. Movió un inamovible, pisó callos formados tiempo ha, y lo pagó con la destitución.

Quienes mantenemos vínculos con Bogotá sabemos del gran negocio que representa la recolección de la basura y lo costoso que resultaba el servicio para el usuario. Por eso, sin ser sus seguidores, en su momento aplaudimos la intervención del alcalde.

Que cometió errores, sí. Que improvisó, también: no había de otra. Pero lo hizo de buena fe, con el propósito de acertar, no con la intención manifiesta de causar daño, que es lo que constituye dolo. Tampoco podía prever el complot que le armaron los explotadores del negocio (William Vélez, Jerónimo y Tomás Uribe), guardando al mismo tiempo todos los vehículos recolectores.

Nada de eso fue considerado por el Savonarola criollo. Por el contrario, con el estilo socarrón que utiliza para comunicar sus drásticas decisiones, nos quiere hacer creer que lo de Petro fue gravísimo, cuando no lo es. La aplicación de la máxima sanción disciplinaria no se compadece con la conducta reprochada al burgomaestre.

Se han escuchado sesudos comentarios sobre la competencia del jefe del ministerio público para destituir a un servidor elegido por voluntad popular y sobre la falsa doble instancia de su juzgamiento ante el mismo ente de control. Preocupante.

Más preocupante resulta el precedente que se crea de convertir los yerros gerenciales en faltas disciplinarias. Si se aplicara por igual a todos los funcionarios, ninguno saldría indemne. En adelante, queda prohibido equivocarse.