No hay actos de corrupción más o menos importantes, pero sin lugar a dudas aquellos relacionados con niños, a mí me desencajan. Finalizando esta semana volvieron a sonar los tambores de los medios sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE); la comida o complementos nutricionales de los niños son sagrados.

No entiendo por qué los gobernantes tropiezan con este tema, sí existe documentación suficiente que muestra cuáles son los problemas usuales. Por ejemplo, existe un informe de la Procuraduría y una evaluación de impacto del PAE (realizada por DNP), que deben ser de lectura obligatoria para todos los mandatarios y secretarios de educación.

En la vida real, la operación que hacen los entes territoriales de la política pública que cobija al PAE, se centra en un contrato enfocado en hacer cumplir la guía de lineamientos del Ministerio de Educación (MEN), dejándose de lado la entrega de resultados acorde con los objetivos de la política. Si fuéramos un país serio todo programa PAE debería cumplir con las dos tareas.

Sí ustedes revisan las minutas de los contratos, encontrarían que allí se tejen una serie de formalidades centradas en apegos legales, dirigidos a la entrega de un producto llamado “ración”. La política pública que ampara este programa tiene un foco que vas más allá de dar un pan, vaso de leche y/o un almuerzo, busca integrar estos elementos como parte sustancial de la mejora en la calidad educativa.

Un operador puede cumplir con la entrega de las raciones de acuerdo con el contrato, pero ni este ni el contratante, monitorean y evalúan si la entrega conduce a resultados (disminuir desnutrición, déficit de atención, deserción escolar, mejoras en rendimiento académico, reducción de problemas visuales). Por esta razón muchos mandatarios y secretarios hablan que el resultado de su gestión es la entrega de miles de raciones, y que equivocados están.

Cuando los órganos de control realizan las auditorias muchos gobiernos terminan enredados, no solo por los intríngulis que se tejen en los procesos de selección, sino por las falencias en el cumplimiento de objetivos estructurales planteados tácitamente en el Decreto 852.

No todo el problema es atribuible a los entes territoriales, porque muchos contratos cumplen con los lineamientos del MEN, el tema pasa por que esta famosa guía es limitada en el desarrollo de esquemas de seguimiento y monitoreo, eso no lo afirmo yo, la Procuraduría lo plantea en el informe referenciado.

Una salida operativa es que los entes territoriales certificados y las gobernaciones potencien sus unidades de supervisión del programa, como unidades de entrega, más conocidas como delivery unit.