Por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Sugeila Oñate Rosado, en su calidad de gobernadora encargada del departamento de La Guajira, entre el 4 de febrero y el 3 de junio de 2014.

De acuerdo con la investigación del organismo de control, Oñate Rosado, supuestamente, profirió el Decreto 038 de febrero de 2014 a través del cual delegó facultades al Secretario de Salud Departamental para expedir todos los actos precontractuales, contractuales y poscontractuales en los procesos de selección de mínima cuantía, apoyando la decisión en las facultades que se encontraban determinadas en el Decreto 042 de 2014. No obstante, que el mismo aún no había sido expedido, pues este surgió en el ordenamiento jurídico nueve días después de la expedición del Decreto 038 de febrero de 2014.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo. Para el ente de control, la exgobernadora (e), en su condición de servidora pública del más alto nivel directivo de la Gobernación de La Guajira tenía el deber de conocer los principios que rigen la función pública y las obligaciones según el cargo que ostentaba, y con mayor razón, en lo relacionado con la expedición de actos administrativos, a través de los cuales, se toman trascendentales decisiones por parte del gobierno territorial.

Sugeila Oñate Rosado fue designada, en febrero de 2014, por el presidente Juan Manuel Santos como gobernadora de La Guajira. Al llegar al cargo ostentaba el título de fisioterapeuta de profesión e hizo parte de una terna organizada por el partido Cambio Radical. Ella remplazó a Faihan Al-fayesChaljub, que había sido encargado el 29 de octubre del 2013 en reemplazo de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, detenido en la cárcel Picota de Bogotá.

Por Carlos Mario Jiménez
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