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Judicial - 15 diciembre, 2010

Piden a juez citar nuevamente al expresidente Álvaro Uribe

EEUU WASHINGTON. AP. — Los querellantes contra la empresa estadounidense Drummond, por el asesinato de sindicalistas en Colombia, solicitaron a un juez federal que obligue al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a comparecer como testigo durante los próximos 60 días. Uribe no atendió la primera citación para comparecer el 22 de noviembre, emitida por […]

EEUU

WASHINGTON. AP. — Los querellantes contra la empresa estadounidense Drummond, por el asesinato de sindicalistas en Colombia, solicitaron a un juez federal que obligue al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a comparecer como testigo durante los próximos 60 días.
Uribe no atendió la primera citación para comparecer el 22 de noviembre, emitida por el tribunal federal del distrito de Columbia a cargo del juez John D. Bates. El ex mandatario actualmente da cátedra en la Universidad de Georgetown, en Washington.
“Uribe se negó a acudir, no presentó recurso alguno para anular ni otro esfuerzo para cumplir con su obligación legal de responder al citatorio”, señala el recurso presentado el 10 de diciembre por el abogado demandante Terrence Collingworth y distribuido a periodistas vía correo electrónico.
“Uribe tiene información personal crucial relacionada al caso de los demandantes. El objetivo es obtener esa información lo más rápido posible”, agrega el documento.
Gabriel Silva, embajador colombiano en Washington, solicitó el mes pasado al Departamento de Estado que le extienda a Uribe la inmunidad diplomática.
“Estamos sosteniendo un principio aceptado universalmente: que la inmunidad diplomática impide a una autoridad judicial convocar a una persona protegida por esa inmunidad a cualquier acción”, señaló García a periodistas la semana pasada.
Una corte federal de Alabama desechó el año pasado una demanda contra Drummond Company Inc., pero permitió a los demandantes en otro caso modificar su querella en la que acusan a la compañía minera de financiar a un grupo paramilitar presuntamente responsable de decenas de asesinatos en Colombia.

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15 diciembre, 2010

Piden a juez citar nuevamente al expresidente Álvaro Uribe

EEUU WASHINGTON. AP. — Los querellantes contra la empresa estadounidense Drummond, por el asesinato de sindicalistas en Colombia, solicitaron a un juez federal que obligue al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a comparecer como testigo durante los próximos 60 días. Uribe no atendió la primera citación para comparecer el 22 de noviembre, emitida por […]


EEUU

WASHINGTON. AP. — Los querellantes contra la empresa estadounidense Drummond, por el asesinato de sindicalistas en Colombia, solicitaron a un juez federal que obligue al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a comparecer como testigo durante los próximos 60 días.
Uribe no atendió la primera citación para comparecer el 22 de noviembre, emitida por el tribunal federal del distrito de Columbia a cargo del juez John D. Bates. El ex mandatario actualmente da cátedra en la Universidad de Georgetown, en Washington.
“Uribe se negó a acudir, no presentó recurso alguno para anular ni otro esfuerzo para cumplir con su obligación legal de responder al citatorio”, señala el recurso presentado el 10 de diciembre por el abogado demandante Terrence Collingworth y distribuido a periodistas vía correo electrónico.
“Uribe tiene información personal crucial relacionada al caso de los demandantes. El objetivo es obtener esa información lo más rápido posible”, agrega el documento.
Gabriel Silva, embajador colombiano en Washington, solicitó el mes pasado al Departamento de Estado que le extienda a Uribe la inmunidad diplomática.
“Estamos sosteniendo un principio aceptado universalmente: que la inmunidad diplomática impide a una autoridad judicial convocar a una persona protegida por esa inmunidad a cualquier acción”, señaló García a periodistas la semana pasada.
Una corte federal de Alabama desechó el año pasado una demanda contra Drummond Company Inc., pero permitió a los demandantes en otro caso modificar su querella en la que acusan a la compañía minera de financiar a un grupo paramilitar presuntamente responsable de decenas de asesinatos en Colombia.