Con medida de aseguramiento domiciliaria fue cobijada la coordinadora del Plan de Alimentación Escolar (PAE), Islaida Cecilia Mindiola Arenas, acusada de presuntamente participar en las irregularidades en la contratación de este servicio en el municipio de Riohacha, La Guajira.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación expresó que la decisión la dictaminó el Juez Primero de Control de Garantías de la capital guajira.
La exfuncionaria es investigada por el convenio de la Asociación Social del Caribe (Asocar), que tenía como objeto beneficiar a 16.630 estudiantes de las zonas rurales y de las comunidades indígenas matriculados en el año 2016, en la capital de La Guajira.

De acuerdo con el órgano investigativo, en el convenio número 02 del 23 de febrero del año anterior, firmado entre el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y el representante legal de Asocar, la implicada lo habría adjudicado “pese a que la propuesta fue presentada de manera extemporánea. De esta forma, se habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva”.

La Fiscalía encontró que “el contrato no cumplió con la totalidad de lo pactado ni en las fechas acordadas” y “en muchos casos no se entregaron alimentos y hubo sobrecostos en el transporte”.

Para la ejecución de este convenio, el Gobierno Nacional destinó $ 5.713 millones, en el que presuntamente hubo una apropiación irregular de $ 1.176 millones.

Ante la medida de aseguramiento, Mindiola deberá permanecer privada de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Por estos hechos están privados de la libertad el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y la secretaria de Educación, Dilvey Yensith Acosta Novely. Los dos funcionarios fueron enviados a la cárcel en febrero del presente año.