Recientemente el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas informó que el Gobierno Nacional aprobó $330.000 millones para la Ruta del Sol II, obra que el Invías recibió de parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en virtud del auto del 14 de septiembre de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación.

El proyecto de 605 kilómetros se encuentra inicia desde Puerto Salgar, pasa por los municipios y localidades de La Lizama, San Alberto, La Mata, hasta San Roque, así como la Transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra y Puerto Capulco.

Este proyecto se vio afectado tras los escándalos de corrupción de la firma Odebrecht, cuya investigación estalló el 21 de diciembre de 2016 y desde entonces ha sido uno de los temas de mayor relevancia en la opinión pública en el 2017, en la que se detalla que la empresa brasilera habría pagado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios del gobierno de 12 países, entre ellos Colombia, donde ha habido capturas e investigaciones a los involucrados.

Es así como el departamento del Cesar se ha visto afectado, principalmente en los municipios del sur, donde tiene influencia este proyecto y donde miles de trabajadores quedaron cesantes, afectando así la parte económica y social de las poblaciones.

Aunque a comienzos del 2017 se tomaron las primeras decisiones frente al caso de Odebrecht, como la revisión de los contratos, la suspensión de las obras y las investigaciones que terminaron con la captura del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y el exsenador Otto Bula Bula, frente a los trabajadores de las obras aún no se ha dicho nada para compensarlos, por haberlos despedido y dejarlos sin amparo.

La suspensión y el no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores, así como la no garantía de los pagos a proveedores, empresarios y microempresarios del sur del Cesar, es la consecuencia del escándalo de corrupción con Odebrecht y la posterior terminación unilateral de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, del contrato de concesión con el concesionario Consol, del tramo dos de la Ruta del Sol, que generó una crisis laboral y económica con implicaciones sociales.

Pero eso es solo una parte de lo que implica este caso de corrupción. Hermann Garrido Prada, representante de los trabajadores, denunció en el mes de noviembre en EL PILÓN que hubo un robo al sistema de seguridad social y parafiscales. “Se hacia la liquidación por menos de la realidad del salario del trabajador y no se tenía en cuenta el porcentaje que la ley asigna para ese aporte. En el tema de la salud el pago se hacía por el 4% y no por el 12.5% que correspondía, pero al trabajador si se le hacía el descuento que le tocaba, pero Consol no pagaba el resto”, dijo Garrido.

El representante de los trabajadores asegura hoy que esta situación la ha denunciado ante el Ministerio del Trabajo, “porque hubo una masacre alusiva y no se han condolido y no hay una sola investigación, ni sanción, a pesar de evidente. La corrupción no es solo lo que se conoció del pago de unas coimas, sino que esas coimas trascendieron a otros lados”, explicó Garrido.

Se refirió además a los trabajadores que hoy están sin trabajo y aunque se anuncia que Invías retomará la obra, a estas personas no las han llamado para decirles que son la primera opción porque ya estaban vinculados a un proyecto que le faltaba cinco años, y por lo que ellos se endeudaron al ver que tenían un sueldo que les permitía adquirir compromisos, quedando en una situación lamentable.

Los trabajadores son las víctimas de la corrupción y no fueron los que propiciaron los actos corruptos. “El Estado prácticamente abandonó a su suerte a estas familias. Son cerca de 4.000 los trabajadores que se encontraban a lo largo de los kilómetros de la obra y que se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo”, acotó el representante.

Por su parte, el alcalde del municipio de San Alberto, Pedro Guevara, aseguró que la Ruta del Sol hizo con los municipios lo que quiso. En su población no hay acceso a las veredas y los campesinos no tienen cómo sacar sus productos.

“Nos dejaron sin conexión para veredas, los campesinos no tienen una oreja o un puente para pasar y llegar al pueblo. Nos dejaron una vía que se reduce de doble calzada a una calzada y la obra que quedó se está deteriorando muy rápido”, dijo el mandatario.

“El llamado al Gobierno Nacional es que estén prestos a que los recursos de la nación se ejecuten como deben ser y se apoyen en los alcaldes de los municipios para que las comunidades formen sus veedurías, que es la mejor que hay”, acotó.
Mientras tanto, el alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes señaló que esto se convirtió en un problema para la región, porque no hay opciones laborales y la Ruta del Sol le había dado empleo a la gente en los últimos cinco años. “Por eso, la paralización de las obras se me convirtió en un problema social, como en todos los municipios que están cerca de la carretera”.

Vía Ocaña – Gamarra
La investigación determinó que entre 2014 y 2015, desde Colombia y por conducto de las sociedades Concesionaria Ruta del Sol Dos y el Consorcio Constructor Ruta del Sol-Consol, filiales de Odebrecht, se realizaron pagos relacionados con la adición de la ruta Ocaña-Gamarra, a través de contratos simulados, cuyo objeto era prestación de servicios que no se habrían ejecutado ni prestado.

Según el expediente, una vez recibido el dinero, estas empresas distribuían la plata a través de otros subcontratos, “los cuales tenían el objeto de hacer llegar pagos irregulares a empleados públicos que presuntamente prestaron su concurso para impulsar la adición ante la ANI en especiales condiciones económicas, según los intereses de Odebrecht”.

Con las obras de la vía se instalaron dos peajes en la vía Ocaña – Gamarra y se le aumentaron los precios a los existentes en el tramos de la Ruta del Sol II.
Es así que el personero del municipio de Gamarra, Fredy Martínez Jiménez, a través de una acción popular requirió a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Ministerio de Transporte que, según él, cese el agravio y la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa causados con la imposición de los dos peajes: Platanal – Gamarra y la cesión y aumento de las tarifas a los peajes Morrison, Zambito, La Gómez, Aguas Negras y Pailitas.

Según la queja del personero, la cesión y los aumentos en estos “son viciados pues se efectuaron motivados en un acuerdo ilegítimo, al ser establecidos como parte importante para la financiación del contrato suscrito con la concesionaria Ruta de Sol”.

“La petición es suprimir las dos estaciones de peaje ubicadas en la transversal Río de Oro – Aguachica – Gamarra y en la vía Aguaclara – Río de Oro, pues dentro de la estructura financiera del otrosí N°6 del contrato de concesión fueron creados para financiar la concesión suscrita con la Ruta del Sol, un acuerdo ilegítimo ya que en el establecimiento intervinieron funcionarios incursos en conflicto de intereses”, denunció el personero.

Es en estas obras, donde aparece el grupo de congresistas llamados ‘buldozer’, involucrado con el hecho de favorecer la firma de Odebrecht en la ejecución de la obra Ruta del Sol dos, por medio de la aprobación de la reforma tributaria del 2012.

Luego del ‘destape’ del soborno de Odebrecht, el nombre del representante a la Cámara por el Cesar, Alfredo ‘Ape’ Cuello salió a relucir tras las supuestas evidencias de las gacetas del Congreso y vídeos donde habría quedado registrada la solicitud del congresista de la adición presupuestal para la obra cuestionada, pero este asegura que no tiene nada que ver con los pagos de sobornos que hizo la empresa brasilera a funcionarios del Gobierno Nacional para que se adjudicara dicho contrato.

Obreros, volqueteros, camioneros, hoteleros y demás comerciantes, son los principales afectados por la situación de la obra ante el escándalo de sobornos de Odebrecht y que ha tocado las más altas esferas políticas del país.

Andreina Bandera / EL PILÓN
[email protected]