Cuantas veces el Obispo en representación de todos los católicos les ha pedido a los alcaldes de Valledupar la terminación del monumento al Santo Eccehomo que se encuentra casi en ruina, para tener un sitio de meditación y oración en contacto directo con la naturaleza y todos estos funcionarios contestan que próximamente será una realidad, apenas se tengan los recursos necesarios, hablando maravillas de tan majestuoso proyecto, sin tener fundamento técnico y jurídico para poder explicarles la real versión de los hechos.

En varios escritos hemos manifestado que este proyecto es de gran impacto urbanístico ambiental y social, que involucra un programa de necesidades extenso, como es el planteamiento vial de acceso, la gran zona de parqueos, salas múltiples, zonas administrativas y de servicios, ascensores panorámicos y la estructura de la escultura del santo. Que dicho proyecto fue propuesto, diseñado y construido por las administraciones municipales, transgrediendo todas las normas urbanísticas, invirtiéndose en esa obra recursos públicos irrecuperables a sabiendas que estaba desarrollándose en sitio prohibido dentro de la reserva forestal de la Sierra de Santa Marta. Las gestiones legales correspondientes en cuanto a esta invasión territorial por las mismas autoridades, dieron su fruto con el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, entidad que a solicitud de parte, autorizó la sustracción del área de la Reserva y por tal motivo supone la Administración Municipal que lo único que falta es plata para la culminación de las obras.

La situación es otra. El proyecto se construyó sin licencia de parcelación y de construcción que avalara lo atinente al cumplimiento de obras de urbanismo, arquitectura y sismorresistencia, sumándole la omisión de los permisos de aprovechamiento forestal, exploración y explotación de aguas superficiales o subterráneas y la concertación con las etnias que podrían hacer presencia en ese sector, para la consulta previa respectiva ante el Ministerio del Interior. Que se hace necesario, a través de la próxima revisión general dentro de 10 años o de la modificación excepcional anunciada ayer por el Alcalde, para aprobar el cambio de uso de suelo que permita el asentamiento de esta actividad y que posteriormente se realice el reconocimiento de las construcciones ejecutadas, no sin antes se legalice lo pertinente al auto abastecimiento de los servicios básicos, como condición y se licencie la construcción de obra nueva de complementación. Los procedimientos anteriores son los mínimos establecidos legalmente, sin embargo, hay que tener en cuenta la ubicación en suelo rural y la construcción en terrenos con pendientes mayores a la determinada por la norma, la densificación edificatoria y el área de ocupación permitida para esta zona teniendo en cuenta el tratamiento que en materia ambiental se hace obligatorio.

Ante esta rápida explicación, el lector puede constatar que las obras ilegales, no solo la practican los ciudadanos del común, sino también nuestras propias autoridades, que no se han dado a la tarea de concientización sobre semejante acto, a la vista de todos, llámese Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo, Contraloría y todos los implicados en el control físico.

Por Augusto Enrique Orozco Sánchez