Se espera para este jueves la elección del reemplazo de Alejandro Ordoñez en la Procuraduría General de la Nación. Como siempre, el país confía en que los nuevos funcionarios honren el objeto misional de la entidad, que a decir verdad en el período que termina dejó mucho que desear por la hostilidad frente a los derechos de quienes no hacían parte de la inclinación política o religiosa del titular y por la negligencia en la lucha contra la corrupción que curiosamente cuantifican en billones de pesos, pero inexplicablemente sin sanción disciplinaria para todos los responsables.

Probablemente la politización en la escogencia del procurador hace que éste deje de combatir con imparcialidad las infracciones administrativas, las cuales en su gran mayoría están relacionadas con graves actos de corrupción, por mantener un aberrante contubernio burocrático con quienes lo eligieron, que no son otros que los gamonales políticos de la administración pública central y regional, o sea los jefes de los potenciales disciplinados de la entidad.

Es decir, que el procurador ‘manda el queso con los ratones’ porque para pagar su elección le toca compartir los 4.300 cargos de su nómina con los políticos amigos de los concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, quienes luego piden ‘el favor’ para que el peso del Código Disciplinario solo se aplique a ‘las piedras en el zapato’, o sea a quienes decidan caprichosamente sacar del camino por no plegarse a sus intereses, tal como sucedió en nuestro departamento con el exdiputado Julio César Casadiegos, destituido e inhabilitado por una inexistente contravención de tránsito que ya había naufragado en el garantismo constitucional de una Acción de Tutela. A los amigos los cubre el manto de la impunidad.

Por esta particular forma de impartir justicia es que algunas sanciones se tramitan rápidamente y otras duermen en los anaqueles de la complicidad, a pesar de que las pruebas sean claras y no admitan discusión procesal, diferente al análisis subjetivo y sesgado del juez comprometido políticamente con quien intervino en su elección o nombramiento.

Mientras tanto nuestro dinero se sigue perdiendo. Los sobrecostos, incumplimientos, mala calidad de las obras, violaciones al estatuto contractual y demás faltas solo sirven de conversación en los mentideros de esquina y alimento a la frustración general porque nadie hace nada. Aquí sigue reinando el nefasto círculo vicioso de comprar por colosales cantidades de dinero las estériles credenciales, solo utilizadas para silenciar a los entes de control del Estado, después de recuperar con creces los miles de millones de pesos con que logran imponerse en las urnas.

Ojalá el nuevo procurador utilice los 490.262’630.182 pesos que nutre el presupuesto de la Procuraduría en el fortalecimiento de las altruistas funciones de ministerio público, garantizando el derecho individual y colectivo de los ciudadanos, para que no asistamos más al grotesco espectáculo de exonerar a quien roba miles de millones de pesos, mientras se imparte una sanción ejemplarizante a un quijotesco muchacho porque pisaba callos a los dueños del poder. Un abrazo. –

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