Luego de tres meses de trabajo, la Misión Electoral Especial, MEE, de la que hace parte la Misión de Observación Electoral (MOE), entregó al Gobierno las recomendaciones finales con miras a hacer más transparente el sistema electoral y mejorar la calidad de la democracia.

Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, el informe final entregado presenta propuestas específicas para resolver problemas que se presentan en tres de las áreas fundamentales del sistema electoral del país: el diseño de la arquitectura del sistema electoral; la ampliación de la democracia territorial e intrapartidaria y finalmente, los mecanismos de financiación y control de las organizaciones y campañas políticas.

Una de las propuestas de la Misión de Expertos es la importancia de avanzar hacia una autoridad electoral independiente. En tal sentido, Barrios señaló que “Es necesario que la conformación del Consejo Electoral Colombiano, que sería el órgano responsable de la vigilancia y control de las organizaciones políticas y procesos electorales, sea el resultado de un proceso de elección independiente de los intereses partidistas.”
Esta propuesta hace parte integral de la reingeniería a la arquitectura institucional electoral del país que se plantea en el informe final.

El Consejo es un Cuerpo Colegiado que estaría compuesto por siete consejeros de diferentes profesiones, que serían elegidos por el mismo CEC de ternas presentadas por: el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República, garantizando siempre que al menos haya tres mujeres. La primera conformación se haría por designación directa de los nominadores y no por el sistema de ternas.

El CEC podrá llevar a cabo una labor de vigilancia más efectiva debido a que tendrá presencia en todos los departamentos del país. Cada una de sus seccionales tendrá funciones de Policía Judicial lo que les permitirá investigar y rastrear la financiación irregular de campañas políticas. El CEC tiene entre sus funciones principales realizar una labor de inspección, vigilancia y control a las campañas electorales, a los partidos políticos, además de estar a cargo del escrutinio, la aprobación del censo electoral y las labores pedagógicas sobre el proceso electoral.
De otra parte, el informe señala que se necesita una institucionalidad electoral con capacidad de respuesta rápida.

“La mora en la toma de decisiones en torno a aspectos que se podrían resolver antes de las elecciones ha generado problemas como la realización continua de elecciones atípicas que sólo desde 2015, le han costado al país alrededor de 8 mil millones de pesos, sin contar los comicios que aún faltan por realizarse”, señaló la directora de la MOE.

Dentro de los cambios más importantes que se plantean está la creación de una Corte Electoral cuya primera conformación estaría integrada por los actuales Magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado. La creación de esta Corte responde a la necesidad de la democracia colombiana de tener una corte especializada en materia electoral, lo que además permitiría eliminar la duplicidad de funciones que hay entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado.

Adicionalmente, es reconocido que el Consejo de Estado es un tribunal administrativo que protege los derechos del ciudadano frente a las actuaciones del Estado. Mientras que, para los asuntos electorales, se necesita una Corte que proteja la democracia, la voluntad ciudadana en cada proceso democrático.