La lucha contra la corrupción no será efectiva si no les cerramos las puertas a candidatos cuestionados, que en lugar de atender las investigaciones en su contra, desafían al sistema judicial postulando su nombre a cargos de elección popular sin importarles las decisiones que puedan surgir más adelante.

No podemos seguir mirando los hechos de corrupción como asuntos lejanos a estas tierras como si lo de Odebrecht, Reficar, fiscales anticorrupción, Interbolsa y tantos otros casos ocurrieran en otro país; la corrupción es una realidad en Colombia, la región Caribe, en el Cesar y en Valledupar; es por ello que nos corresponde en las urnas mirar muy bien, no solamente si el candidato tiene antecedentes de algún tipo, indispensable analizar su trayectoria y la tacha o impedimentos que puedan tener para que no lloremos sobre la leche derramada, como ocurrió en el municipio de Curumaní con la elección de Laura Herrera como alcaldesa o el condenado alcalde de Yopal, Jhon Calzones, cuyos procesos les impidieron gobernar causando gran perjuicio a sus poblaciones.

Tal parece que en estos tiempos mucha gente le perdió el respeto o el miedo las autoridades judiciales o ya no les causa pavor los muros de la judicial, de pronto confían en que todos los fiscales y jueces pueden arrodillarse a las ofertas económicas que los anime a archivar procesos, conceder detención domiciliaria o abstenerse de dictar medidas de aseguramiento.

La captura de un grupo de personas presuntamente miembros de un cartel de chatarrización, entre ellas el concejal de Valledupar, Leonardo Mestre Socarrás, que al parecer operaba desde la Secretaría de Tránsito Municipal en el gobierno anterior, como lo informan los medios locales y nacionales, es un claro ejemplo de cómo desperdiciamos la oportunidad de sentar nuestra protesta con el voto para impedir que personas de dudosa reputación lleguen a honorables recintos que deben representar lo más virtuoso de la sociedad.

No podemos decir que estos escándalos nos toman por sorpresa, hechos como los del cartel de la chatarrización fueron denunciados públicamente en el año 2015, siendo secretario de Tránsito el señor Óscar Tom Socarrás y durante ese periodo ya a la Fiscalía se le estaba advirtiendo de las múltiples irregularidades que estaban cometiendo, por lo que las investigaciones debían iniciarse de forma inmediata, pero a pesar de todo ello en lugar de hacer un alto en el camino y atender cada señalamiento, nace desde allí una vergonzosa campaña política.

Debemos aprender a respaldar personas con un liderazgo auténtico, que su nombre represente algo para nosotros, que su vida y trayectoria sean ejemplo para todos y el solo escuchar su nombre nos indique que es una persona confiable para estar y ser parte del Estado, por eso no cesan los aplausos por el nombramiento que el señor alcalde Augusto Ramírez hizo en la oficina de Cultura del municipio de Valledupar, designando al señor José Atuesta Mindiola. Al mencionar este nombre no podemos pensar en otra cosa que en libros, poesía, columnas, versos, décimas, docencia, investigación académica, pulcritud y por eso todos coincidimos que fue el mejor cambio que hizo el burgomaestre, personalmente desde esta columna le deseo éxitos, lo mismo para el señor Franklin Daza en la oficina de Planeación municipal, personas de conductas hasta el momentos traslúcidas en Valledupar.

Lo ciudadanos, los votantes no podemos seguir esperando capturas y capturas, exigiendo investigaciones y condenas, observemos con cuidado a quien vamos a darle nuestro voto para no estar dándonos golpes de pecho y justificar todo con la trillada frase de la persecución política, recordemos que nuestro sistema judicial no persigue personas, persigue conductas delictivas.