Medidas por muerte de líderes sociales

En el departamento del Cesar no se han registrado muertes de líderes sociales en lo que va del 2018, pero sí amenazas contra algunos defensores de derechos humanos, por lo que las autoridades están en alerta.

El Cesar registra 175 líderes amenazados según la Oficina Asesora de Paz.

A raíz de los asesinatos que se han registrado en otras regiones del país en contra de líderes sociales, por lo que se realizó la jornada ‘Velatón’ a nivel nacional, desde distintos sectores se están realizando actividades para evitar que las cifras de muertos sigan creciendo.

En el Cesar no se han registrado casos de muertes de defensores de derechos humanos en lo que va del 2018; sin embargo, algunos han denunciado sobre presuntas amenazas.

“En el departamento esto es un tema que tiene ya directrices. Los comandantes de estación del país tienen las órdenes de organizar reuniones semanales para hacerle seguimiento”, expresó el general Jaime Hernando Rivera Jaimes, comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército.

La orden es que tanto las Fuerzas Militares, como las demás instituciones tienen el deber de realizar mesas técnicas y reforzar los dispositivos de seguridad para brindarle seguridad a los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Un dato que dio a conocer el asesor de Paz del Departamento, Jesualdo Hernández, es que Valledupar registra 65 líderes amenazados, siendo la población con mayor número. A esta le siguen Pailitas, Codazzi, Pelaya, La Paz, El Copey, Becerril, Aguachica, La Jagua de Ibirico y Pueblo Bello, para un total de 175 líderes amenazados en todo el departamento.

Por esta razón, el próximo 19 de julio se llevará a cabo una reunión con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), para conocer cómo avanzan las medidas de seguridad para todos los afectados. Según el último reporte de la UNP, estos líderes están siendo atendidos.

Pero más que seguridad, los líderes sociales en el Cesar piden desde la Mesa de Derechos Humanos y Territorios la instalación de la Mesa Departamental de Garantías para Defensores, un espacio propio donde puedan sentarse a discutir medidas de garantías y protección.