Tanto en Valledupar como en el departamento del Cesar pasa de todo y no pasa nada. En informe presentado por la Contraloría General de la Republica en el año 2015, reveló el ranking de las obras que quedaron inconclusas o abandonadas en los últimos 15 años en la capital del Cesar, de las que hacen parte vías, un hospital y acueductos, en las que las administraciones de turno se gastaron más de $61.000 millones. Sin embargo, no hay responsables ni mucho menos condenados por estas prácticas de detrimento patrimonial del presupuesto público que conjugan corrupción; al contrario, la lista la siguen engrosando con los vacilaciones de la vía El Zanjón-Pueblo Bello, la Sede de la Universidad Nacional, el edificio bioclimático de la Corporación Autónoma Regional y el estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau.

Sucede lo mismo con las causas incontrolables que generan inseguridad, llevando al acorralamiento a la ciudadanía, problemas de movilidad y transporte, 1.200 millones en bicicarriles abandonados y prácticamente desusados, Emdupar transita periódicamente hacia el sector privado, los procesos de urbanización tienen desconfías de irregularidades y en la universidad centro de pensamiento crítico, cambian los rectores por las ambiciones políticas en detrimento de la calidad y excelencia académica.

Subsiste la constante pasa de todo y no pasa nada, el orden ejecutivo de Valledupar y del departamento del Cesar, permanecen inmunes al aparato o los organismos descentralizados con alcance en el orden territorial de carácter fiscal, disciplinario y judicial, no actúan en su deber ser y si lo hacen examinan los resultados con actitud paquidérmica, amparados en los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, pero avizorando el vencimiento de términos por fallas procedimentales, documentales e insuficiencia del material probatorio conspirando con la institucionalidad.

El rumbo al garete en Valledupar y del departamento del Cesar, desenmascaró un nuevo caso, absolutamente deplorable. Los 16 niños fallecidos en la Clínica Laura Daniela dejan en evidencia la podredumbre de nuestra sociedad, la sospecha de la aplicación de medicamentos falsificados (Survanta) a neonatos prematuros no tiene perdón de Dios. El informe investigativo presentado por el programa Séptimo Día, visibiliza el alcance del prontuario del cartel de los medicamentos falsificados en el país; asimismo, develó la hipotética connivencia con los manejadores del sistema de salud en nuestra ciudad. Hasta donde hemos llegado, después de los carteles de Cali, Medellín, contratación, pañales y de la toga, entre otros.

El lunes siguiente no había una esquina en Valledupar donde no se hablara y repudiara las consecuencias lamentables de ese caso, los medios de comunicación también expresaron que oportunamente habían realizado denuncias, pero sin lograr la atención de la ciudadanía y organismos de control.

Escuchando los descargos confusos de la gerente de la clínica Laura Daniela, María Paulina Martínez Gómez, y de la Secretaria de Salud Departamental, Carmen Sofía Daza Orozco, infiero que no actuaron diligentemente en el marco de sus funciones y deberes legales inherentes al seguimiento, vigilancia, control e inspección, puntualmente en la compra de medicamentos, particularmente, con laboratorios que apenas tramitan la licencia de operación.

Los hechos conocidos por todos narrados con precisión y profesionalismo por el periodista Diego Guauque de Séptimo Día, a la mayoría nos generó indignación, al parecer no sucedió lo mismo con el Gobernador Franco Ovalle, no miró con seriedad y oportunidad un caso de gobierno, porque en términos sencillos, su pronta decisión consistía en separar del cargo a su Secretaria de Salud y seguidamente solicitar con carácter de urgencia una comisión interinstitucional conformada por la Fiscalía, la Superintendencia de Salud y el Invima, con el objeto de efectuar una auditoría rigurosa en la Clínica Laura Daniela y otras instituciones de salud del departamento, porque indudablemente estamos frente a irregularidades que atentan contra la salud y la vida. También es menester revisar el cumplimiento de las garantías para la libre competencia en el Departamento, toda vez que el Grupo Arce con su participación presuntamente está monopolizando el sector de la Salud en Valledupar. Esperemos que la investigación no quede en nada y que el caso de los medicamentos falsificados no sea como otros que terminaron siendo mediáticos. Nos asiste estar atentos al avance del desarrollo de la investigación, hasta que se haga justicia.

@LuchoDiaz12

Por Luis Elquis Díaz