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Columnista - 13 septiembre, 2010

Los costos de la guerra

Por: Imelda Daza Cotes El impacto del conflicto interno se percibe hoy en todos los escenarios de la vida colombiana. La guerra se incubó por allá lejos, en las montañas y en la selva; era una guerra rural,  la mayoría de los ciudadanos no la sentía y  los efectos de la confrontación sobre la economía  […]

Por: Imelda Daza Cotes

El impacto del conflicto interno se percibe hoy en todos los escenarios de la vida colombiana. La guerra se incubó por allá lejos, en las montañas y en la selva; era una guerra rural,  la mayoría de los ciudadanos no la sentía y  los efectos de la confrontación sobre la economía  se juzgaban menores. Pero el conflicto se creció, se extendió,  se hizo visible aún en el exterior y por supuesto los costos se dispararon.
Los costos de una guerra son incalculables porque se trata fundamentalmente de pérdidas en vidas humanas a las que se suman los dramas sociales que de ella se derivan. Nada de esto es medible en términos monetarios, aunque hay los que se atreven a hacerlo. Sin embargo, a veces conviene puntualizar en los costos económicos como una manera de alarmar las conciencias y argumentar en favor de la urgencia de acercarnos al único camino hacia la paz que es el diálogo y la negociación.
El costo total del conflicto armado colombiano se acerca hoy al 7% del PIB. Esta cifra supera la de EEUU que es del 4%, en un país que soporta varias guerras ajenas, como la de Irak. En la Unión Europea el promedio es del 2% para los países miembros de la OTAN. Los analistas del tema sostienen que un promedio entre el 4 y el 5% es alarmante. Colombia superó hace rato ese límite. Entre los años 2000 al 2005, el gasto militar dentro del presupuesto del país se incrementó en un 78%. En 2005 la inversión en educación fue del 3.7% del PIB, mientras que en la guerra fue del 6%. Ese mismo año Argentina invirtió en educación el 4.5% del PIB, Bolivia el 7.3%, Cuba el 12.4%, Honduras el 7.7%, Nicaragua el 4.7% y Venezuela el 5%.  A nivel de Latinoamérica y el Caribe, Colombia ocupó el lugar 14 en inversión en educación.
En los años siguientes los incrementos continuaron. En 2008 los gastos en defensa y seguridad aumentaron en un 20% y absorbieron el 22% del presupuesto nacional; esta suma resultó igual a todo el gasto en salud, educación y saneamiento básico. Del total de empleados públicos a nivel nacional en 2008, más del 80% correspondieron a funcionarios de las fuerzas militares, de Policía y del Das. Esta nómina consumió el 59% del presupuesto de funcionamiento del gobierno nacional. En Colombia, por cada 1000 habitantes hay 12 soldados, policías y detectives; 8 educadores, 2 empleados de la salud y 0.4 docentes universitarios.
A los costos reales de la guerra hay que agregar los costos de oportunidad, esto es las pérdidas en crecimiento económico que sufre el país y que  se han estimado en 2% del PIB, es lo que se llama el “Crecimiento Perdido” a causa del conflicto y es lo que se deja de producir por la pérdida en vidas humanas, por desplazamiento y emigración forzados, por destrucción de capital físico y  por el desmedro social e institucional que afecta la imagen del país y desalienta la inversión. La violencia desincentiva la inversión sana y productiva.
Pero con todo, los mayores costos de la guerra son: humanitarios(muertos, heridos, desplazados, exiliados), políticos (pérdida de libertades y violación permanente de los derechos ciudadanos, deterioro de la democracia, banalización del mal); sociales y culturales( destrucción del tejido social y de patrones culturales en las comunidades rurales, desempleo, pobreza, miseria, orfandad, reducción de la escolaridad, deterioro de los indicadores de salubridad, sensación de fracaso y de no futuro); ecológicos y ambientales (las minas antipersonales y las fumigaciones constituyen un ‘ecocidio’).
A pesar de los notorios incrementos del presupuesto para la guerra, ésta parece perpetuarse. El estado no tiene el control de la situación ni logra el triunfo sobre la insurgencia, lo cual, sumado a los largos años de confrontación, debería  convencer al país de la necesidad de promover otras iniciativas y diseñar otras estrategias para poner  fin a la confrontación.
A la paz tenemos que llegar fundamentalmente por razones humanitarias, pero a quienes no convence esto debería animarles la urgencia de vivir en paz, recuperar la tranquilidad y reanimar  la economía. El país sostiene una guerra costosa, inútil y por eso absurda. La paz negociada es posible y es indispensable.

Columnista
13 septiembre, 2010

Los costos de la guerra

Feel the sand on your feet, not your wardrobe weight.
Imelda Daza Cotes

Por: Imelda Daza Cotes El impacto del conflicto interno se percibe hoy en todos los escenarios de la vida colombiana. La guerra se incubó por allá lejos, en las montañas y en la selva; era una guerra rural,  la mayoría de los ciudadanos no la sentía y  los efectos de la confrontación sobre la economía  […]


Por: Imelda Daza Cotes

El impacto del conflicto interno se percibe hoy en todos los escenarios de la vida colombiana. La guerra se incubó por allá lejos, en las montañas y en la selva; era una guerra rural,  la mayoría de los ciudadanos no la sentía y  los efectos de la confrontación sobre la economía  se juzgaban menores. Pero el conflicto se creció, se extendió,  se hizo visible aún en el exterior y por supuesto los costos se dispararon.
Los costos de una guerra son incalculables porque se trata fundamentalmente de pérdidas en vidas humanas a las que se suman los dramas sociales que de ella se derivan. Nada de esto es medible en términos monetarios, aunque hay los que se atreven a hacerlo. Sin embargo, a veces conviene puntualizar en los costos económicos como una manera de alarmar las conciencias y argumentar en favor de la urgencia de acercarnos al único camino hacia la paz que es el diálogo y la negociación.
El costo total del conflicto armado colombiano se acerca hoy al 7% del PIB. Esta cifra supera la de EEUU que es del 4%, en un país que soporta varias guerras ajenas, como la de Irak. En la Unión Europea el promedio es del 2% para los países miembros de la OTAN. Los analistas del tema sostienen que un promedio entre el 4 y el 5% es alarmante. Colombia superó hace rato ese límite. Entre los años 2000 al 2005, el gasto militar dentro del presupuesto del país se incrementó en un 78%. En 2005 la inversión en educación fue del 3.7% del PIB, mientras que en la guerra fue del 6%. Ese mismo año Argentina invirtió en educación el 4.5% del PIB, Bolivia el 7.3%, Cuba el 12.4%, Honduras el 7.7%, Nicaragua el 4.7% y Venezuela el 5%.  A nivel de Latinoamérica y el Caribe, Colombia ocupó el lugar 14 en inversión en educación.
En los años siguientes los incrementos continuaron. En 2008 los gastos en defensa y seguridad aumentaron en un 20% y absorbieron el 22% del presupuesto nacional; esta suma resultó igual a todo el gasto en salud, educación y saneamiento básico. Del total de empleados públicos a nivel nacional en 2008, más del 80% correspondieron a funcionarios de las fuerzas militares, de Policía y del Das. Esta nómina consumió el 59% del presupuesto de funcionamiento del gobierno nacional. En Colombia, por cada 1000 habitantes hay 12 soldados, policías y detectives; 8 educadores, 2 empleados de la salud y 0.4 docentes universitarios.
A los costos reales de la guerra hay que agregar los costos de oportunidad, esto es las pérdidas en crecimiento económico que sufre el país y que  se han estimado en 2% del PIB, es lo que se llama el “Crecimiento Perdido” a causa del conflicto y es lo que se deja de producir por la pérdida en vidas humanas, por desplazamiento y emigración forzados, por destrucción de capital físico y  por el desmedro social e institucional que afecta la imagen del país y desalienta la inversión. La violencia desincentiva la inversión sana y productiva.
Pero con todo, los mayores costos de la guerra son: humanitarios(muertos, heridos, desplazados, exiliados), políticos (pérdida de libertades y violación permanente de los derechos ciudadanos, deterioro de la democracia, banalización del mal); sociales y culturales( destrucción del tejido social y de patrones culturales en las comunidades rurales, desempleo, pobreza, miseria, orfandad, reducción de la escolaridad, deterioro de los indicadores de salubridad, sensación de fracaso y de no futuro); ecológicos y ambientales (las minas antipersonales y las fumigaciones constituyen un ‘ecocidio’).
A pesar de los notorios incrementos del presupuesto para la guerra, ésta parece perpetuarse. El estado no tiene el control de la situación ni logra el triunfo sobre la insurgencia, lo cual, sumado a los largos años de confrontación, debería  convencer al país de la necesidad de promover otras iniciativas y diseñar otras estrategias para poner  fin a la confrontación.
A la paz tenemos que llegar fundamentalmente por razones humanitarias, pero a quienes no convence esto debería animarles la urgencia de vivir en paz, recuperar la tranquilidad y reanimar  la economía. El país sostiene una guerra costosa, inútil y por eso absurda. La paz negociada es posible y es indispensable.