Por: Ricardo Quintero Baute.

Presidente de la Asamblea del Cesar

Recientemente, envié a la  doctora Luisa Pinto Ochoa, Directora Seccional de Fiscalía del Cesar,  una comunicación donde le solicité, en mi condición de Presidente de la Asamblea Departamental del Cesar y de representante legal de esta honorable Corporación,  adelantar con celeridad las actuaciones pertinentes que permitan a la Fiscalía General de la Nación dar claridad sobre el atentado contra el diputado Camilo Lacouture Ákerman, y – en particular- lograr la captura y posterior condena de los responsables de este delito.

De igual forma, en la misma comunicación  solicité al comandante de la Policía del Cesar, Coronel Juan Pablo Guerrero Vallejo, imprimir mayor celeridad a las actuaciones policivas que permitan dar con la identificación de los responsables de esta conducta delictiva, atendiendo, claro está, a la función que corresponde a este Comando de Policía: “Gerenciar los procesos, planes y programas dirigidos a satisfacer las necesidades de seguridad y tranquilidad pública, fundamentadas en la prevención, investigación y control de delitos y contravenciones,” (…)

Así mismo, manifesté que es pertinente también dar claridad a los hechos en los que fue asesinada una menor de edad en la entrada de una institución educativa de la ciudad de Valledupar.

Por último, expresé en la comunicación en mención, que en días pasados se conoció que un juez perteneciente a la rama judicial de la ciudad de Santa Marta, condenó a 27 años y tres meses de prisión a Estiguar Mancera Perilla, sindicado del asesinato del diputado del departamento del Magdalena, Armando Castillo, cometido en el municipio de Ciénaga el 14 de enero del presente año.

Ya casi había olvidado que había enviado esa comunicación a las máximas cabezas de la Fiscalía y de la Policía en el Cesar; como todo lo nuestro es bulla un ratico, ya Camilo Lacouture retornó a sus actividades, y gracias a Dios no pasó a mayores.

El pasado martes 22 de mayo, arrancan las noticias señalando que, “dos muertos dejó una balacera en el municipio de Codazzi”,  cuando, al parecer, cuatro sujetos en moto intentaron atracar un camión distribuidor de cervezas y uno de los encargados de la seguridad del vehículo se enfrentó a tiros con los delincuentes, lo cual me hizo recordar el hecho de Camilo Lacouture.

Una de las víctimas fue identificada como, Loicith Rivas Mosquera, pensionado de la Policía, quien desde su retiro de la fuerza pública venía desempeñándose como supervisor de seguridad de Bavaria, donde se encargaba de transportar altas sumas de dinero.

Dos muertos, sí señor, dos; en Codazzi, el mismo municipio donde mi amigo y colega Camilo, fue herido como consecuencia de un hurto.  Lo lamento por el señor Rivas Mosquera, quien, a diferencia del diputado Lacouture no contó con la suerte de seguir disfrutando de la vida.  Lo lamento por los habitantes del municipio de Codazzi, que día a día son testigos  de toda clase de manifestaciones de inseguridad;  lo lamento por el departamento del Cesar, que observa cómo la criminalidad, en particular en Valledupar,  viene minando el orden público.

Muchas veces, las autoridades nos responden “que los buenos somos más”; sí señor, los buenos somos más, eso lo tenemos claro hace mucho rato; pero también tenemos claro que los buenos, como vivimos dentro de la legalidad, estamos indefensos frente a los malandrines y – en consecuencia- queremos resultados de las autoridades.  Pero lo que más queremos, es que el orden público no se pierda, porque de a poquito o poco, día a día lo perdemos más. Pregúntenle si no al ortopedista Guillermo Orozco, a quien le robaron recientemente en zona rural entre Codazzi y La Paz, un vehículo de su propiedad, amedrentando a los empleados de su finca. Los buenos no queremos perder la seguridad.