Jairo Alonso Guerra Meza, superintendente encargado de Notaría y Registro, experto en registrar conductas de los curadores y adelantar los concursos de méritos a partir del mes de julio entrante, ha expresado lo siguiente: “que además del desorden existente en estas Curadurías, lo que falta es un modelo unificado de gestión, porque cada municipio es una colcha de retazos en cuanto a licencias de construcción; que lo dice para que los curadores sepan que los está vigilando con uñas y dientes y que ese poder regional que tienen dichos funcionarios se les va acabar muy pronto”.

Ante estas fustigantes advertencias, toca decir que a este señor le pasó lo mismo que al exministro Henao, al exvicepresidente Garzón y a otros politiqueros, cuando ocurrió el siniestro Space y ahora Blas de Lezo, quienes han despotricado de la figura, desconociendo la función que desempeña. No entiendo dónde está el desorden y el poder; y sobre todo dónde está la culpa; porque se conocen muy pocos casos de corrupción en 18 años de existencia de las curadurías, mientras que en la Superintendencia hay condenados por ese flagelo. Hasta donde sé, el curador lo único que hace es estudiar, aprobar o negar licencias urbanísticas como actividad notarial y si eso genera algún poder regional, lo busco y no lo encuentro.

Tampoco percibo desorden en las curadurías, menos cuando anualmente son calificadas por su desempeño en el cumplimiento de sus funciones, resultados que le permitirán o no participar en el próximo concurso. Ahora bien, creo que las uñas y dientes de ese señor, no pueden ultrapasar los límites de las normas pertinentes, iguales a aquellas que exigirían la veeduría ciudadana, la Alcaldía, Contraloría o Procuraduría, pues lo único que cambia del esquema anterior es que las curadurías tendrán que aportar recursos para la gestión de la Superintendencia con el fin de que oportunamente se realicen los concursos de méritos, que entre otras cosas, dice su representante, los realizará la Universidad Nacional para evitar malabarismos. Ante estas declaraciones, ¿cómo garantizaría el doctor que sean esos concursos diferentes a los practicados por la ESAP u otras universidades, en las cuales se filtraba la información, al parecer para vender los exámenes escritos? ¿Cómo le hará este fiscalizador para evitar que un curador sea redesignado cada vez que se gane limpiamente un concurso?

A mi juicio, este temerario funcionario excedió su competencia como Superintendente, prejuzgando conductas, lesionando y maltratando a los curadores por supuestos actos futuros, fiscalización anticipada que no puede ser contraria al cumplimiento de las disposiciones regladas vigentes, pues cosa distinta sería que desde el momento de su pronunciamiento público, existiesen pruebas en expedientes disciplinarios que apunten hacia la responsabilidad culposa de estos particulares que ejercen funciones públicas; lo contrario raya en arbitrariedad y abuso de autoridad, que en su momento tendrá que retractarse dicho funcionario por sus calumniosas manifestaciones. Si así procede como encargado ¿cómo será cuando lo nombren en propiedad? No se debería aceptar su participación en estos concursos por su comportamiento contrario al Derecho.

Por Augusto Enrique Orozco Sánchez