El pasado 9 de abril, en sesión plenaria del Congreso de la República se celebró el Día de las Víctimas, la Memoria y el Perdón con la participación de diversas víctimas del conflicto armado interno y congresistas. En la celebración fue protagonista Gloria Gaitán Jaramillo (con fuerte censura a los parlamentarios, especialmente al caudillo del […]
El pasado 9 de abril, en sesión plenaria del Congreso de la República se celebró el Día de las Víctimas, la Memoria y el Perdón con la participación de diversas víctimas del conflicto armado interno y congresistas. En la celebración fue protagonista Gloria Gaitán Jaramillo (con fuerte censura a los parlamentarios, especialmente al caudillo del Centro Democrático), esta mujer es hija de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, líder político de abierta ideología izquierdista eliminado en Bogotá el 9 de abril de 1948, que entonces ya había logrado la nominación como candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. Entre las hipótesis de este magnicidio la más verosímil es que fue autoría de la mano negra colombiana, para impedir su elección como presidente de Colombia en vista que contaba con cuantioso apoyo popular. En todo caso, lo cierto en nuestro país, es que su asesinato aumentó la violencia en la lucha por el poder político.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay 8.376.463 personas (naturales y jurídicas) inscritas como víctimas del conflicto armado interno. A pesar de los avivatos colados que sin duda alguna están registrados, considero que esta enorme cifra es mayor porque muchos no se han inscrito, algunos por indiferencia, otros a propósito por prevención o motivos diferentes, ya que están convencidos de que pocos o ninguno de los victimarios confesarán toda la verdad, tampoco asumirán la voluntad de garantizar la no repetición de delitos atroces cuando alguien les arrebate algo de sus propiedades, aunque las hayan adquirido de manera ilegal, por ende, la reparación de parte de los victimarios es una utopía que en algo la convertirán en realidad el erario gubernamental y las donaciones de organismos internacionales y de algunos países consecuentes con la paz de Colombia.
Defiendo al presidente JM Santos, porque comparto su convicción de que es mejor acabar la insurgencia armada radical y fundamentalista a través de acuerdos políticos y jurídicos, en vez del sometimiento bélico que siempre deja represalias y resentimientos, más en un conflicto armado como el colombiano financiado con secuestros extorsivos, narcotráfico, abigeatos y otras actividades ilícitas que envilecen, tantos a los jefes de las partes en contiendas, como a todos sus subalternos.
Ejemplo de esto son los falsos positivos que resultaron por el ofrecimiento de recompensas a los miembros de las tropas militares, a quienes les daban dinero, asuetos, ascensos y condecoraciones por la entrega de guerrilleros vivos o muertos. Igual se podría decir del enorme costo pecuniario del actual proceso de paz, por la mermelada repartida a los congresistas y altos funcionarios que apoyan al presidente JM Santos, si bien también es inmoral y tampoco va a lograr paz efectiva mientras persista tanta desigualdad social, al menos se erradicarán las minas antipersonal, desaparecerán los secuestros de guerra y otros males generados por el conflicto armado.
En estos dos días conocidos como Santos reflexionemos sobre qué es lo más conveniente para nuestro país, teniendo en cuenta que su régimen gubernamental dependerá del bienestar que entreguen sus gobernantes, después de la implementación de los acuerdos con las Farc y el Eln que ya son irreversibles. Por esto le otorgaron el Premio Nobel de la Paz al presidente JM Santos.
Por José Romero Churio