Columnista invitada:

Por: Socorro Ramírez
Contrabandos de drogas y armas o paso de insurgentes y terroristas entre Afganistán y Pakistán; indocumentados y tráfico de niños, drogas y bienes entre Haití y República Dominicana; sudaneses nómadas o desplazados que huyen de la desertificación y la violencia, y quedan atrapados en redes irregulares y campos minados; tráficos ilegales desde Ecuador, estimulados por la confrontación armada colombiana.  Problemas como estos no son eficazmente enfrentados por los gobiernos cuando sus relaciones son hostiles y los mediadores externos no siempre logran desempeñar un papel eficaz.
Un taller organizado en Ottawa por la Universidad Carleton comparó esos cuatro casos como parte de la evaluación del llamado Proceso de Dubái, en el que Canadá, desde el 2007, estimula el diálogo entre Kabul e Islamabad sobre su problemática fronteriza, con el apoyo de la coalición de la OTAN allí presente.
Haití y República Dominicana comparten una isla pero sus malas relaciones, sus distintas visiones e intereses y la caótica presencia internacional -la que llega a Haití con agenda propia, recursos y reflectores enfocados en su aporte- han exacerbado los problemas. Para los expertos que intervinieron en el taller, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas se ha limitado a incrementar la presencia militar y policial, dejando de lado la gestión del espacio fronterizo marcado por problemas socioeconómicos, institucionales y de seguridad.
Para formalizar el proceso de secesión, Sudán del Norte y del Sur están obligados a demarcar territorios y aguas del Nilo y a distribuir deudas e ingresos petroleros. Pero el rompecabezas fronterizo no es fácil de armar, pues las tropas y las fuerzas políticas de cada lado manipulan las dinámicas locales para conservar el poder, mientras las comunidades pastoriles, que deambulan en búsqueda de zonas fértiles, tratan de entender qué significa pertenecer a uno u otro país. La presencia internacional intenta, con grandes dificultades, descubrir intereses comunes y estimular la comunicación entre las partes para detener la violencia.
Durante la ruptura de relaciones entre Colombia y Ecuador, la OEA y el Centro Carter propiciaron infructuosos contactos entre los gobiernos centrales, pero tuvieron más éxito en su interacción con iniciativas ciudadanas binacionales que mantenían sus nexos en medio de la tensión. Quito y Bogotá avanzan ahora en la normalización de sus relaciones sin mediación externa, razón por la cual el apoyo internacional se reenfoca hacia el desarrollo fronterizo.
El análisis de estas situaciones mostró la necesidad de una mediación flexible, que construya el diálogo de abajo hacia arriba, desde lo social hacia lo político, desde lo técnico hacia lo álgido, desde lo fronterizo a lo binacional; e hizo evidente que, por la naturaleza desterritorializada de las redes criminales y por la presencia de potencias con intereses geopolíticos, ese tipo de casos no puede ser tratado con un lente meramente nacional.
Menos cuando se enfrentan asuntos globales como el de las drogas, que, en todos los casos examinados, dinamizan problemas fronterizos que la política antidrogas está lejos de resolver, más bien los traslada. Por ejemplo, el experto ecuatoriano mostró cómo en su país se ha comenzado a procesar cocaína debido a la dificultad para pasar precursores químicos a Colombia, y cómo el tráfico se reorienta hacia la Amazonia por el aumento del consumo en Brasil.
Las fronteras internacionales de países en desarrollo requieren de especial atención. Hoy están llamadas a ser puentes de unión entre naciones vecinas. Pero, tradicionalmente olvidadas, tienen todas las condiciones para convertirse en zonas calientes.