La Sociedad Colombiana de Arquitectos a nivel nacional ha tenido la misión de integrar a los arquitectos con el fin de desarrollar actividades profesionales para la promoción de la función social académica y cultural de la arquitectura, preservar la ética, orientar las relaciones de los arquitectos con el territorio sostenible, la protección del medio ambiente y del patrimonio del Estado y ha sido así como las seccionales de Bogotá y Antioquia se han destacado por la búsqueda de otras oportunidades, muy distinto de las actuaciones de las seccionales como la del Cesar, con sede en Valledupar, que ha quedado relegada solamente para manejar la Lonja de Propiedad Raíz y la búsqueda de contratos públicos para poder mantener las oficinas, recinto que se ha convertido en oficina permanente para atender estos asuntos.

Precisamente por la dependencia de estos contratos venidos de las administraciones públicas se debe su acostumbrado sometimiento a la política de turno, igual que aquellos órganos de control que dependen de estas políticas y no pueden actuar contra el ente territorial. Ante estos cuestionables comportamientos, la junta directiva de la SCAC no ha recapacitado lo suficiente como para saber qué pasa en su entorno; porque es imposible desconocer que los arquitectos dejaron de participar en licitaciones públicas hace ya muchos años, debido a que los administradores públicos, de forma oblicua, adjudican contratos fraccionados a profesionales que igual se rinden ante sus condiciones, para poder manejarlos sin licitación alguna y aquellos sujetos a licitación, manipularlos previamente para obtener jugosos beneficios de su adjudicación. Tal vez, si dicha Junta se hubiera preocupado por actuar oportunamente en defensa del interés de todos los profesionales y de la ciudadanía contra estos actos contrarios a la moralidad pública, la SCAC estuviera hoy denunciando abiertamente las violaciones al derecho al trabajo, al medio ambiente y al detrimento patrimonial, que por mandato ético le corresponde y seguramente lideraría la gestión de transparencia de los procesos licitatorios, incluyendo los concursos de méritos, en toda la región.

La ausencia de convenios con sanas instituciones públicas o privadas que fortalezcan el objeto social, que propendan para que el arquitecto obtenga mejor representación; la carencia del ejercicio de las funciones que como cuerpo consultivo le corresponde a esta asociación y la inexistencia de actualización normativa como responsabilidad profesional, es el argumento válido y suficiente para repensar cambios sustantivos garantísticos e inmediatos de este órgano consultivo, puesto que dejar de ocupar los espacios de participación del gremio en el control social del municipio, contrarían la ética y mandatos estatutarios, que solo recaen en la desprotección de la población en general, pues en adelante no bastará con tener mejores oficinas y arquitectos expertos en sentido técnico valuador, si con esto, no se defiende a la comunidad, que se encuentra sin saber qué hacer ante la falta de solidaridad y compromiso social de estos profesionales que solo piensan en sí mismos, y no en la protección del derecho colectivo.

Por Augusto Enrique Orozco Sánchez