El jueves anterior asistí al foro ¿Cómo defender nuestro derecho a la salud? Cuyo objetivo fue aportar para la evolución y/o construcción de un sistema de salud centrado en el ser, en el marco de los determinantes sociales, los índices epidemiológicos y necesidades reales de la región; estimulando su aplicación en el ámbito legal y constitucional. Realizado en el auditorio ‘Consuelo Araujonoguera’ de la biblioteca departamental ‘Rafael Carrillo Lúquez’, al cual –duele decirlo– le falta mantenimiento del aire acondicionado y de su silletería. Por favor más cuidado a este recinto emblemático de Valledupar.

En realidad fue un foro ilustrativo, a pesar del lunar politiquero de uno de los conferencistas con su discurso veintejuliero cazador de votos que, en verdad, dejó en entredicho las buenas intenciones  del evento, ya que los asistentes de por sí inconformes por la crisis permanente de la salud, es proclive a expresar cualquier comentario más que todo contrario a lo buscado. Como en efecto fue la creencia de muchos de los concurrentes al foro.

En nuestro país, que ocupa el vergonzoso segundo lugar con más desigualdad social en Latinoamérica y el séptimo puesto a nivel mundial, el consenso popular es que la atención de la salud no debería ser un negocio; sin embargo, su sistema de salud  fue creado para negocio, burlando la Constitución Política que en su artículo 13 proclama que, ante la ley, todas las personas son iguales, por ende, recibirán la misma protección y trato, además gozarán de los mismos derechos sin ninguna discriminación. Las autoridades del Estado serán vigilantes para que la igualdad sea real y beneficiarán especialmente a las personas que por condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad y sancionarán los abusos o maltratos cometidos a la población vulnerable.

Según el sistema de salud colombiano, por la capacidad económica y condición social hay personas de diferentes clases, pues a los más pobres les corresponde el régimen subsidiado, los trabajadores formales comparten el régimen contributivo, los profesores del magisterio tienen un régimen especial, igual los miembros de la fuerza pública y los ricos compran medicina prepagada o pólizas, ni que decir de los multimillonarios compinches de los congresistas; en fin, en nuestro país hay gente de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría.

Aunque la atención de la salud es onerosa, en Colombia la cantidad del presupuesto destinado para prestar tan vital servicio (que según la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud es un derecho fundamental) es suficiente, pero su administración a través de intermediación financiera por particulares nunca alcanza. Este fenómeno resulta de la complicidad entre políticos, funcionarios y empresarios de la salud arribistas, a quienes no les importa el cuidado que merecen  los pacientes y mucho menos las vicisitudes de los profesionales de la salud y las peripecias de los otros trabajadores del sector de la salud, ya que la gran mayoría de ellos laboran por órdenes de prestación  de servicios sin derecho a prestaciones sociales ni disfrute de vacaciones.

¡Lástima! Se me acabó el espacio, lo que me impide seguir con el tema. Sobrepaso el límite estipulado, para preguntar ¿De dónde sale el dinero que ahora respalda las múltiples protestas en todo el país? No creo que sea de quienes reclaman por bajos salarios, carencias de empleos y falta de oportunidades  para tener la preparación que conlleva a trabajar de manera decente. Mi mente maliciosa presume que hay manipulación política de los contradictores del gobierno, que son aquellos que se lucran de la guerra y andan con el discurso dizque en defensa de la democracia sin dejar de ultrajar a la justicia; es decir, a la igualdad, a la imparcialidad, a la libertad y al respeto de los derechos humanos.

Por José Romero Churio