Se destapó la olla ‘podrida’ que se presenta en el interior de la alimentación escolar y con esto se registró un efecto dominó de denuncias penales e investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo y renuncias a contratos por no poder cumplir con lo contratado, son entre otras las consecuencias.

En las últimas horas y tras conocerse el video en el que niños del colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Aguachica son engañados con un plato de comida y un vaso de jugo que le entregan para que posen para el registro fílmico, para luego darle la verdadera ración compuesta por un patacón con un poco de pollo, la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Cristina Plazas instauró denuncia penal por delitos que vulneran la salud, la integridad personal y la vida de los menores de ese colegio.

La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación está basada en los videos donde se registra la vulneración de derechos de los estudiantes y se evidencia con claridad que no se les suministra la porción individual que les corresponde, sino que utilizan un solo plato de comida para que todos los niños posen y sirva como evidencia fotográfica de la entrega del suministro.

Según el ICBF este tipo de hechos afecta gravemente el patrimonio público que financia la operación del programa, pudiendo de paso constituir delitos contra la administración desviando posiblemente los recursos destinados para la alimentación de los estudiantes.

Aclaró que el Programa de Alimentación Escolar, PAE, es dirigido por el Ministerio de Educación Nacional con las alcaldías y gobernaciones, y el Instituto como garante de derechos llama la atención para que se investiguen estas conductas irregulares que constituyen delito y pueden afectar la vida e integridad de los niños.

Mientras el ICBF ya instauró la primera demanda penal, la coordinadora operativa de la Fundación Provenir, Fanny Oñate, aceptó la responsabilidad y ante medios nacionales dijo que se presentó un mal procedimiento, el cual van a replantear y no comparte. “Tienen toda la razón, cómo van a hacer un procedimiento educativo donde le están entregando el alimento en la mano al niño”.

La Alcaldía de Aguachica hizo un contrato por 500 millones de pesos con la Fundación Provenir para suministrar complemento alimentario a 2.400 niños de siete instituciones educativas y sus sedes alternas, pero a raíz de esta situación, el alcalde Henry Alí Montes cancelará el contrato.

Otro que se cae
Mientras en Aguachica las investigaciones por este hecho avanzan, en Valledupar la polémica por la mala alimentación escolar apenas comienza.

Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo arrojó entre otras cosas que los niños reciben complementos alimentarios compuesto por una arepa limpia y patilla, y muchas veces el huevo que le sirven a los niños está verde o tiene mal sabor. Dice el ministerio público que las raciones las sirven al ‘ojo’ porque no hay una gramera para medir la cantidad de los alimentos que le corresponden a cada menor.

“Estos complementos parecieran hecho para otro tipo de ciudades y no para Valledupar y el departamento del Cesar, con todo respeto me atrevería a decir que nuestros reclusos están comiendo como unos príncipes, pero nuestros niños están comiendo de una manera grotesca, degradante para el ser humano”, dijo el defensor del Pueblo en el Cesar, Omar Contreras Socarrás.

De la investigación que hicieron en 23 instituciones educativas, 12 en nueve corregimientos y 11 en el casco urbano, pudieron encontrar falencias como la falta de fumigación contra vectores, la manipulación que realizan las operadoras del programa no está acorde con lo que establece el Invima.

“No evidenciamos una sola institución que nos demostrara la cantidad exacta que le sirven a los niños, hoy se está aplicando una medida muy coloquial que es el ojímetro y no hay un punto de referencia para ellos, hay falencias en el kit de aseo de los niños, como obligación contractual no ha sido suministrado un solo kit de aseo a los niños”, agregó el Defensor.

En Valledupar la Personería Municipal ya había hecho la denuncia sobre que no existe una gramera en las instituciones educativas para pesar lo que le deben servir a cada menor.

En varias oportunidades han denunciado que a los menores les sirven una tajada de bollo con mantequilla y un pedacito de patilla, lo cual se volvió a repetir en el colegio San Joaquín, donde la Defensoría encontró que le sirvieron a los menores un pedacito de bollo con huevo.

Para el Defensor, que hoy la Fundación Acción Social Integral, ACSI, haya renunciado al contrato tanto en el municipio de Valledupar como al que firmó con la Gobernación del Cesar, es porque se les hizo insostenible en virtud de las denuncias que no solo ha habido en el departamento sino en otras partes del país. “Entonces lo que hay que identificar con claridad es que ha habido un incumplimiento por parte del operador en la ejecución de ese contrato”.

Recalcó que en unas instituciones educativas no hay refrigeradores para guardar los alimentos y conservar las cadenas de frío.

No es su culpa
Tras conocerse la renuncia al contrato de complemento alimentario del convenio por más de 12 mil millones de pesos firmado con el municipio de Valledupar, la líder de Gestión y Proceso de la Fundación ACSI, Mercy Luz Camargo Rosado, reconoció que los alimentos están en mal estado, pero por culpa de los gobiernos y no de ellos.

Esto debido a que en el caso del Municipio no cuentan con las neveras para refrigerar los alimentos, por lo que muchas veces se daña la fruta y las carnes, y deben trabajar con lo que queda, no cumpliendo así con la cantidad que deben entregar.

“Por eso renunciamos, porque llevamos los alimentos en buenas condiciones, pero no se garantiza la cadena de frío, cuando llega a la institución educativa no hay un enfriador, se daña, no se está cumpliendo, en ese sentido estamos cumpliendo y estamos dando el ciento por ciento de lo que se nos solicita, si se daña la fruta hay que trabajar con la fruta que está buena y ese gramaje no te va a cumplir y la fruta que está mala que no se metió a la nevera se dañó y se dañó por culpa del Estado, a ellos les toca garantizar eso (refrigeradores), entonces estamos incurriendo en unos costos, nos toca a nosotros retirar la fruta, pero es que a nosotros también nos duelen los niños y nos toca volver a enviar fruta en buen estado y son costos que hay que incurrir y no tenemos un anticipo”, afirmó Camargo Rosado.

Explicó que le han estado pasando cartas al Municipio sobre el incumplimiento en cuanto a lo que les corresponde.

Camargo Rosado dijo que el convenio con la administración municipal no fue a la carrera, sino que se le ha venido informando a ésta sobre que no han cumplido con lo de su competencia, “pero creyendo que el Estado va a cumplir con lo que le corresponde nosotros procedimos”.

La operadora del contrato explicó que con la renuncia al contrato los perjudicados son los niños y reconoció que sí son la misma fundación Kábala, cuestionada por su operación en Córdoba, pero que reestructuraron el personal porque querían empezar de nuevo y empezar bien. “Pues sí, todo el mundo sabe que tenemos el mismo NIT y nuestra experiencia”.

La minuta
Según la Resolución 16432 de octubre de 2015 a los niños ya no se les brinda desayunos ni almuerzos escolares, sino complementos de la mañana que equivale al 20 % del aporte nutricional y complemento por la tarde que tiene un aporte del 30 %.

Según esta resolución, los niños deben recibir tres veces a la semana una proteína, que puede ser carne, pollo o huevo en cantidades de 50 gramos o unidad; queso 30 gramos, 100 gramos de plátano; fruta entre 70 y 80 gramos, entre otros.

En el Cesar la Fundación ACSI renunció al convenio por 12 mil millones firmado con la Alcaldía de Valledupar.

En Aguachica, la operadora del contrato pidió perdón por el engaño a los niños con el complemento alimenticio.

Procuraduría abrió investigación

Tras los hechos presentados en el municipio de Aguachica, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación.

El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado calificó el hecho de escandaloso y adelanta la recolección de los elementos probatorios para verificar la veracidad de la  denuncia.

Según el diario El Espectador, el Procurador aseguró que este tipo de episodios deben ser neutralizados de manera inmediata respetando el derecho al debido proceso y a la defensa.

Dijo que las fallas en los programas de alimentación escolar se han agravado, por lo que se han emitido sanciones disciplinarias contra alcaldes municipales y de ciudades capitales.

Aseguró que en la contratación hay carteles y redes que se han multiplicado y aparecen contratando en municipios cercanos y distantes.

En la actualidad dijo que adelanta 20 investigaciones y ha emitido cuatro sanciones disciplinarias.

Sandra Santiago B.
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