Inocente se declaró la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez cuando era ingresaba al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en el occidente de Bogotá, después de ser capturada ayer cuando se disponía comprar pan en un establecimiento cercano a su casa, en la capital de la República.

“Soy inocente de todo, vengo con mucha tranquilidad a responder”, precisó la exmandataria departamental a El Espectador, mientras era trasladada a los calabozos del búnker por dos agentes del CTI.

La exgobernadora guajira aseguró que no se presentaron irregularidades en el contrato de 16.800 millones de pesos firmado en 2011, antes de renunciar a la Alcaldía para presentarse a las elecciones para la Gobernación, según publicación del medio de circulación nacional.

En ese sentido, el ente investigador le imputará los delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público. Al cierre de esta edición sería llevada ante un juez de control de garantías de Paloquemao.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira) durante el año 2011, cuando fueron denunciadas ante diversos entes de control del departamento, las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.

En desarrollo de la investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio.

Sin embargo, los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos. También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.

Por estos hechos ya fueron capturados dos servidores públicos, entre ellos el exalcalde Yan Keller Hernández, quienes habían estado en el periodo de los convenios y nueve particulares que subcontrataron para la coordinación de los subprogramas.

Los subcontratados presuntamente recibieron la suma de un millón 200 mil pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.