Según los argumentos oficiales la curaduría cero quedará en cabeza de las Oficinas de Planeación de todos los municipios del país, la cual fue diseñada exclusivamente para beneficiar a tres millones de familias de estratos 1 y 2, que no tendrán que pagar por la titulación de predios que hayan sido legalizados y cuyos habitantes […]
Según los argumentos oficiales la curaduría cero quedará en cabeza de las Oficinas de Planeación de todos los municipios del país, la cual fue diseñada exclusivamente para beneficiar a tres millones de familias de estratos 1 y 2, que no tendrán que pagar por la titulación de predios que hayan sido legalizados y cuyos habitantes no puedan acceder a tener sus títulos, que ahora lo podrán hacer en las notarías a cero pesos. Expresan que beneficiará a las familias pobres que no han podido legalizar sus bienes inmuebles y ahora, podrán obtener a cero costo en las notarías, su escritura pública, lo que les permitirá acceder a programas de mejoramiento de vivienda, tener acceso a créditos y subsidios o incluso vender sus casas si esa es su voluntad.
Ante esta determinación, se deduce la intención de ir politizando las curadurías al punto que dejarán los particulares de ser colaboradores de la Administración del país. Lo creo así, porque esa es la tendencia, debido a que no vi la necesidad de crear esa entidad, ya que con solo expedir una norma reglamentaria a los curadores bastaba, ahora se necesita saber cuánto nos costará la prestación del servicio del curador cero y su grupo interdisciplinario, equipos, oficinas y demás. Como están las cosas, lo mejor sería que el Congreso, a cambio de andar divagando con este tipo de soluciones para ir paulatinamente rescatando el licenciamiento urbanístico para manejo oficial, eliminara los concursos de méritos de curadores y decretaran una fecha para el empalme y que de tajo se acabaran las curadurías dirigidas por particulares y dejarlas a cargo de los entes territoriales. Basta de inventarse entidades bajo el sofisma de altruismos para ocultar las ganas de ser juez y parte ante los proyectos urbanísticos presentados a consideración, es decir, para licenciar y controlar, como antaño sucedía. Eso evitará la persecución de los alcaldes, la rivalidad de los funcionarios de Planeación y las injusticias del Ministerio Público contra los curadores. Ni los conceptos favorables de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado a las descentralizaciones administrativas, detendrán la avalancha de críticas y ofensas hacia los curadores.
Es tanta la ignorancia sobre las curadurías, que ni los organismos de control se han preocupado por entender sus funciones, para fallar en contra sin pensarlo dos veces y tanto algunos medios de comunicación, como el alcalde Peñaloza, el exvice Garzón, el exministro Henao, el alcalde Gutiérrez Zuluaga, el columnista Castillo Cardona y el ex súper intendente Meza, lista que cada día se incrementa, no se cansan de despotricar de los curadores, aparentando ser más transparentes que todos ellos y emitiendo juicios a priori como ha sido la costumbre siempre.
Hoy, el Congreso se inventó una curaduría propia para el ejecutivo, entidad a la cual seguramente le ampliarán en un futuro, más funciones que las que ya tiene, como lo son la expedición de reconocimientos de construcciones y ahora la legalización de invasiones, y cuya burocracia pagaremos todos los colombianos de bien.
Por Augusto Enrique Orozco Sánchez