Por: Socorro Ramírez

En la reunión de Unasur, del 3 y 4 de mayo, el canciller venezolano pidió a Unasur y a la Celac conformar un organismo que reemplace a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que calificó como “una mafia de intereses políticos que funciona desde Washington”.

El presidente Chávez acaba de pedirle, al recientemente creado Consejo de Estado, examinar el retiro de Venezuela de la CIDH. También en Cartagena, el ministro de Defensa de Ecuador apoyó la creación de una corte suramericana de derechos humanos.

El enfrentamiento con la CIDH ya venía preocupando. Se temió que el Grupo de Reflexión sobre su funcionamiento -cuyo informe fue acogido por la OEA el pasado 25 de enero- uniera a gobiernos de todos los colores con el propósito de frenar a la Relatoría sobre libertad de expresión, limitar la supervisión que ejercen los informes de la Comisión sobre aquellos países donde se estén dando graves violaciones de los derechos humanos o paralizar las medidas cautelares de protección a posibles víctimas. Aunque la amenaza contra el sistema de derechos humanos no avanzó, la incertidumbre resurge ahora con la reiteración del rechazo de los gobiernos de Venezuela y Ecuador a la CIDH, que en algunos de sus informes los ha criticado.

Es entendible el cuestionamiento al hecho insólito de que Estados Unidos y Canadá no hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos ni respeten esos derechos de forma coherente, y en cambio sí los usen a su acomodo. Washington encubrió dictaduras y ha puesto el énfasis en la condena de regímenes con los que no simpatiza. Tras el fatídico 11 de septiembre, la estrategia de seguridad estadounidense violó los derechos humanos. Bush llegó incluso a justificar la tortura. Obama condenó esas prácticas, pero no ha cerrado la prisión de Guantánamo.

La justa crítica de ese doble estándar no puede llevar a un debilitamiento de la CIDH, que ha sido la conciencia alerta del hemisferio, ha salvado muchas vidas y ha dado capacidad de reacción a las víctimas. Las críticas deberían convertirse más bien en presión para que Estados Unidos y Canadá ratifiquen la Convención y se sometan a la Corte, y para fortalecer la independencia y eficacia del sistema de derechos humanos. Esa presión se hace creíble con el férreo respeto a los derechos ciudadanos y a las libertades públicas.

Ni Unasur ni la Celac pueden reemplazar el sistema interamericano de derechos humanos. Ante la divergencia de modelos políticos y económicos en América Latina y el Caribe, esos organismos han surgido con la celosa protección del fuero interno del Estado Nación y la defensa a ultranza de la acepción más tradicional de la soberanía y la no injerencia, que algunos reducen al no cuestionamiento de los gobiernos.

Aunque han acercado a la región, Unasur y la Celac no dan ningún margen a la existencia de organismos supranacionales ni a construir una soberanía mayor, producto de la asociación, que tenga capacidad para vigilar los derechos humanos. No admiten acuerdos vinculantes ni el funcionamiento efectivo de una corte.

Menos aún si esos presuntos marcos institucionales tuvieran el más mínimo asomo de independencia frente a los jefes de Estado.

Además, ¿quién financiaría una tal corte? ¿A qué presiones no se vería sometida? ¿Cómo evitar su aguda politización? Porque las criticas contra un gobierno regional por violaciones de los derechos humanos dividiría no solo a la corte sino a la misma Unasur y la Celac.

En Cartagena, los actores sociales se pronunciaron a favor de la CIDH y firmantes de todo el hemisferio piden a Venezuela permanecer en ella. Su eliminación avalaría la impunidad.