El Batallón de Artillería Nº2 La Popa de Valledupar ayer pidió perdón públicamente a los padres de un menor de 16 años asesinado y posteriormente presentado a la opinión pública como un delincuente abatido en combate.

El acto de perdón se llevó a cabo en la sala de guerra de esa institución militar con la presencia de los padres, un delegado de la Procuraduría General de la Nación y representantes de los medios de comunicación. La ceremonia fue presidida por el mayor Henry Leguizamón Galindo, segundo comandante del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, en cumplimiento de una orden judicial proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar.

El oficial dijo que este caso es producto del actuar individual y excesivo de algunos servidores públicos, que no obedece a políticas de la institución.

“El objetivo central del Ministerio de Defensa, es que sus fuerzas militares sean garantes por el respeto a los derechos humanos y al derecho Internacional Humanitario. Expresamos las sinceras condolencias a los padres de Aldemar García Coronado y demás familiares por su pérdida, comprometiéndome con ustedes a que vamos a erradicar de una vez por toda, las consecuencias del conflicto armado, o de lo que queda de él”, expresó el oficial.

Para Inés del Carmen Coronado Jiménez, han sido nueve años de penuria e incertidumbre, de mucho dolor, porque no sabía a ciencia, quien le había asesinado a su hijo. “Yo perdono al Ejército Nacional, porque todo ha quedado esclarecido, pero el que sí no perdona es el que está arriba (Dios, señalando con el dedo índice de su mano derecha), quien es el que mira para abajo y quien tiene la última palabra”, manifestó.

Dijo además que hasta el momento no ha recibido ninguna reparación económica por parte del Estado colombiano. “No sabemos de aquí en adelante que pueda pasar, pero lo que sí es cierto, es que mi papá desde que mataron a mi hijo, quedó en silla de rueda y su salud ha venido deteriorándose poco a poco”, acotó.

Lo vendieron por 100 mil pesos

Inés del Carmen Coronado Jiménez recuerda como si fuera ayer el 23 de enero de 2008, día en que su hijo mayor fue sacado con engaños de la finca en Casacará y asesinado en otra zona de la jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar.

El cuerpo sin vida del adolescente fue encontrado en la finca ‘Buenos Aíres’, en la vereda El Pozón, vestido con prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y al lado del cadáver le colocaron una escopeta, un bolso y un saco con varios cables eléctricos para hacerlo pasar como delincuente.

“A mi hijo, me sacó de la casa un primo hermano y según las investigaciones, él se lo vendió por 100 mil pesos al Ejército con el argumento de había un señor que le daba trabajo e iba a ganar un buen suelo. Yo eso no se lo creí, porque mi hijo nunca me dijo nada y él no se quería separar de nosotros, porque allá estaba trabajando”, explicó aún conmovida por el dolor a pesar que han pasado nueve años.

Durante la audiencia de juicio que le hicieron a cuatro solados y a un mayor del Ejército que comandaba la tropa, la Fiscalía recordó que había elementos materiales probatorios en el que vinculaban de manera directa a las autoridades militares por el crimen del menor.

Según lo consignado en el expediente, cuando al menor Aldemar lo mataron con arma de fuego, le propinaron cinco impactos de bala y aún quedó con signos vitales. Según las autoridades judiciales, los soldados le ponían las botas en la cara y se las restregaban para terminar asfixiándolo. Por esa acción criminal, a los uniformados el mayor del Ejército que comandaba el ‘pelotón’ les daba tres días de permiso.

Los cuatro militares implicados en este proceso fueron condenados a 40 años de prisión.

“Mi hijo fue vendido por un primo hermano, a quien le dieron 100 mil pesos. Lo sacó mediante engaño de la finca y se los entregó al Ejército”: Inés del Carmen Coronado.

Por Abdel Martínez Pérez