Un conflicto, con policías y desalojo como piezas de la historia, es el que se vivió al interior de la vieja casona de la calle 15 entre carreras 7 y 8, centro histórico de Valledupar, en donde se ubica la Academia de Historia del Cesar, maltrecha y poco visitada.

La mañana de ayer martes, cerca de 10 policías, Francisco Valle Cuello y los trabajadores de la Academia esperaban al Inspector Primero Civil Urbano de Policía para que se hiciera efectiva la orden de desalojo en contra de Clara Elena González Prado, de 56 años, mujer que vive en dos de las habitaciones del patio de la casa, según sus palabras, desde hace 22 años cuando don Manuel Palencia Carat la contrató para que cuidara el lugar porque los ladrones se estaban llevando las tejas y otros enseres. La razón, según conoció EL PILÓN, solo falta un visto bueno del Ministerio de Cultura para que aproximadamente 200 millones sean desembolsados con el fin de reparar la vieja estructura, pero deben desalojar.

“Él me dijo que yo me quedara aquí como la celadora y como aseadora para que no siguieran robando. Yo me vine a vivir aquí por orden de él (Palencia Carat)”, puntualizó González Prado.

Ante el inminente desalojo, el abogado Rafael Di Filippo Arrieta, representante de Clara Elena, aseguró que la orden de desalojo es ilegal, además extemporánea. El número de matrícula inmobiliaria número 190 – 49243 certifica que el municipio de Valledupar es el propietario del predio.

“Este señor, Francisco Valle Cuello, ha comenzado con actos de constreñimiento y presión sobre la señora Clara a sabiendas que la señora tenía desde hace mucho tiempo la posesión del predio. El procedimiento es ilegal…”, afirmó el abogado.

El historiador Francisco Cuello Valle aseguró que es necesario desalojar a la mujer pues está en riesgo la inversión que el Gobierno local hará a la estructura.

“Esa inversión quien se va a hacer aquí hay necesidad de ocupar la casa en los espacios de lo contrario se pierde la inversión. Allí es donde encontramos a una señora que tiene 16 años de estar aquí y cree que los bienes del Estado se pueden repartir. Ella no tiene derecho, quien tiene derecho es la municipalidad”, afirmó el Director encargado de la Academia.

Para el 21 de junio a las 8:00 de la mañana quedó programada la diligencia de desalojo que se suspendió la mañana de ayer martes porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que debe acompañar esas diligencias, no asistió a la Academia.

Andrés Llamas Nova / EL PILÓN
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