Este año, la Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Cesar Guajira, ha interpuesto varias demandas con el propósito de restituir los derechos territoriales de las familias que han sido víctimas de despojos en estos dos departamentos.
La primera acción judicial fue en marzo para favorecer el asentamiento Nuevo Espinal, corregimiento de Barrancas, La Guajira; después, la Unidad instauró la demanda para ayudar a 1.246 habitantes de la población de Menkue Misaya y La Pista, pertenecientes al pueblo Yukpa, que vieron vulnerados sus derechos a causas directas por el conflicto armado registrado en la Serranía de Perijá. Ahora, busca devolver 118 hectáreas, debidamente formalizadas, a un campesino víctima del conflicto armado en el municipio de Becerril, Cesar.

El desplazamiento forzado del que fue víctima el hoy solicitante, ocurrió en 1999, en la vereda El Zorro, jurisdicción de Becerril. Esta persona cuenta que en muchas oportunidades, los paramilitares le pedían su inmueble para que los comandantes durmieran, dado que el extinto grupo armado ilegal tenía su campamento en la finca contigua.
Posteriormente, el afectado fue informado que era objetivo militar del grupo armado, razón por la que decidió abandonar el predio y se vio en la obligación de venderlo. Según la información emitida por la Unidad de Restitución de Tierras en esta jurisdicción, al hombre lo llevaron a efectuar el negocio con la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes Limitada, quien fungía como gerente y socio para la época de los hechos del hoy condenado Hugues Rodríguez Fuentes.
Con esta solicitud de restitución, el reclamante de tierras espera recibir lo más pronto posible el apoyo y acompañamiento del Estado en cuanto al desarrollo de los proyectos productivos y subsidios de vivienda en el predio del que había sido despojado por causa de la violencia.
De acuerdo a la sentencia condenatoria del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, Hugues Rodríguez Fuentes, alias ‘comandante Barbie’, fue condenado a la pena principal de nueve años y dos meses de prisión por la justicia colombiana. En la actualidad esta persona cursa diversos procesos por extinción de dominio y se encuentra en Estados Unidos.