El desalojo y reubicación de las familias que habitan en las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Bello Horizonte de Valledupar, no puede esperar más, según el defensor del pueblo, Omar Contreras Socarras y el procurador regional del Cesar, Perches Giraldo Campusano.

Así lo manifestaron ayer, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar en la audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-946/11 de la Corte Constitucional.

“Se demuestra sin duda alguna que continúan sin cumplirse las órdenes impartidas por la honorable Corte Constitucional. De esta y intervención y la judicatura cuentan los elementos suficientes y necesarios para hacer efectivo el derecho fundamental y humano que le es inherente, con base en lo expuesto me permito solicitarle señor juez que se ordene a las entidades accionadas se sirvan a cumplir con lo ordenado el fallo”, instó Giraldo Campusano.

Por su parte Contreras Socarras dijo: “Lo único que he podido escuchar son justificaciones a un tema que debió haberse avocado con toda seriedad y determinación hace más de tres años. No encontramos razón legal alguna que le impida a las entidades involucradas en este asunto darle cumplimiento a la sentencia”

Han pasado tres años de la decisión de la Corte, que confirmó parcialmente los fallos expedidos por el Tribunal Superior de Valledupar – Sala Civil – Familia – Laboral – el 1 de junio de 2011, el cual a su vez confirmó el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar el 14 de abril de 2011. En consecuencia, concedió la tutela al derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes y de todas aquellas personas en situación de desplazamiento que se encuentran asentadas en el predio denominado La Sabana, propiedad de Alberto Pimienta Cotes.

Por este incumplimiento, el despacho judicial adelanta el incidente de desacato contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo; el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás y los directivos del Departamento para la Prosperidad Social, DPS.

“El señor alcalde de Valledupar de manera sorpresiva autorizó la electrificación del predio invirtiendo miles de millones de pesos, incluso recursos del presupuesto nacional. Mientras la orden de la Corte Constitucional es reubicar a los desplazados y desalojar al resto de personas”, dijo el abogado del propietario del predio, en el desarrollo de la audiencia.

Insistió en que no hay disposición de las entidades accionadas, como lo son Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar.

“Como se está trabajando por parte de la alcaldía municipal la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial, al parecer, allí se está contemplando declarar de interés social el predio La Sabana, para expropiarlo por vía administrativa. Es decir que aquí no hay la más remota voluntad de construir ningunos albergues, ni viviendas”, afirmó el jurista en la audiencia pública.

Para sorpresa de los asistentes al despacho judicial, Evaristo Rodríguez, solicitó medidas de protección para él y la familia propietaria del predio, debido a que se sienten en riesgo durante la puja jurídica que durante varios años han sostenido en los despachos judiciales.

“Hay una agenda secreta, hay un complot y hay que develarlo, cueste lo que cueste. La sentencia de la corte constitucional se respeta y le voy a pedir a su despacho medidas de protección para la familia Pimienta Naranjo y para el suscrito apoderado, porque tememos por nuestras vidas, porque sabemos que en cualquier momento nos pueden disparar por la espalda”, dijo.

Agregó que para las autoridades saldría más barato construir los albergues temporales o las viviendas definitivas con un valor aproximado de $30 mil millones, que pagar el valor del predio con las demandas en curso.

Se defienden

El secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mario Céspedes, aclaró que la alcaldía de Valledupar ha sido la más diligente en el cumplimiento de la mencionada sentencia de la Corte Constitucional.

“Estamos trabajando con la construcción del albergue, a través de un convenio y comenzar con la etapa contractual, en los predios de Miguel Morales, cerca al barrio La Nevada. La mayoría del fallo ha sido cumplido, faltan dos puntos, lo que es el albergue y lo que tiene que ver la solución de manera definitiva, que son las viviendas”, dijo el funcionario al finalizar la diligencia judicial.

Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental, Alais Habid, indicó que la Gobernación del Cesar tiene la voluntad de cumplir pero ha tenido dificultades en la disposición de los recursos.

“Desde el año pasado se tenían dispuestos los recursos, a través de la firma del convenio y de un CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) que soportaba esa firma; pero resulta riesgoso ejecutar el convenio en los términos en que están redactados por dos cosas, el CDP por cambio de vigencia expiró y expedir uno nuevo con base en un convenio del año anterior implicaría correr un riesgo disciplinario”, así sustentó el inconveniente de la Gobernación.

Por lo anterior, ha  propuesto firmar un modificatorio sobre la base de poder tramitar recursos a través de las vigencias futuras a título excepcional y sería con autorización de la Asamblea.

¿Sabía usted que…?

Inicialmente, el juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar, Germán Daza Ariza, adelantaba el incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia de la Corte, pero fue denunciado por omisión ante los constantes aplazamientos para resolver el caso y el proceso ahora está en manos del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, que en los próximos días deberá emitir sentencia.