Una vez más se constata que la minería del carbón se tornó en una estafa ambiental, económica y social para una región que esperaba bienestar y progreso de la explotación de sus grandes reservas mineras, guardadas durante millones de años. La locomotora que arrastra el importante mineral se lleva también las ilusiones de un pueblo que veía en la extracción del carbón un factor de desarrollo que impulsaría el trabajo digno, el crecimiento con modernidad y la transformación social.
Los resultados de más de 3 décadas de explotación muestran otra cosa: Una producción carbonífera equivalente al 61% del PIB regional que emplea sólo un 3% de la población económicamente activa; un notorio deterioro ambiental, destrucción del bosque seco tropical, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, desaparición de muchos arroyos afluentes del río Ranchería, desplazamiento de habitantes, obligados a abandonar sus poblados ancestrales para permitir la explotación minera. Pobreza, sequía, violencia, insalubridad y precariedad son notorios en un territorio generosamente dotado por la naturaleza.
La Guajira es un territorio acosado por empresas transnacionales voraces cuyos intereses se privilegian frente a derechos sustanciales del pueblo guajiro que, indefenso, observa como el Estado actúa para favorecer a foráneos.
