Ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento ayer reinició el juicio contra ocho de los implicados en el conocido caso del ‘cartel de los impuestos’, que según la Fiscalía desfalcaron a la Alcaldía de Valledupar con el desvío de 10 mil millones de pesos, por concepto de impuesto predial e industria y comercio.

En la diligencia, la Fiscalía 12 seccional de Valledupar presentó a los dos peritos en acústica forense que se encargarían de realizar los cotejos de voces a las interceptaciones telefónicas que según el ente acusador involucran a Carlos Chamarro Mostacilla,
Arquímedes Miranda, José Julio Peralta, Adrián Iván Amaya Molina, Marcos Guillermo Quintero Andrade y a Leonardo José Mosquera Tovar, en el millonario desfalco.
Teniendo en cuenta que ese estudio forense es voluntario, ninguno de los cinco accedió a suministrar las muestras de voz solicitadas por la Fiscalía.

Así las cosas, los peritos se limitaron a informar en el juicio que los audios extraídos de las interceptaciones telefónicas realizadas a los sospechosos son aptos para analizar y que permitirían a las personas a través de la voz, pero que el estudio en dos intentos fracasó por la renuncia de los procesados.
“La Fiscalía cuenta con unas grabaciones de unas interceptaciones de llamadas al teléfono de Leonardo José Mosquera, ahí están las llamadas a las que se les hizo la respectiva transliteración; para que nos vamos a prestar para el desgaste de la administración de justicia haciendo cotejo de voz sí nosotros en audiencia vamos a reconocer la realización de las llamadas y su contenido, porque en ningún momento dice que él está participando o está haciendo negociación con dineros de impuesto predial o algo por el estilo”, argumentó el abogado Fredy Gutiérrez, al terminar la primera sesión del juicio de ayer.

El juicio continuará hoy en el cuarto piso del Palacio de Justicia de la capital cesarense, donde espera que los abogados defensores presenten a sus primeros testigos.

Tres años y medio de audiencias

El polémico caso se ventiló a la opinión pública el 29 de noviembre de 2011, cuando el CTI de la Fiscalía realizó operativos simultáneos en Valledupar y capturó a Danys Rivera Araujo y José Julio Peralta, auxiliares administrativos en la Oficina Predial de la Alcaldía de Valledupar; al abogado Marcos Guillermo Quintero Andrade, que se desempeña en el área de cobros coactivos; Arquímedes Miranda Mejía y José David Baute Movilla, administrador de sistemas y encargado de cobro coactivo, respectivamente; Leonardo José Mosquera, exfuncionario y los tramitadores Álvaro de Jesús Díaz Aguilar y Adrián Iván Maya Molina.

Posteriormente fue vinculado al proceso el abogado Iber Francisco Márquez Romero, quien inicialmente se allanó a cargos, pero después se retractó y trata de demostrar que no es responsable de los delitos que le endilga la Fiscalía.
El único condenado por este caso es el ingeniero de sistemas Carlos Chamorro Mostacilla, quien luego de su captura se declaró responsable de los delitos de peculado por apropiación y acceso abusivo a sistemas informáticos. La sentencia de 13 años de prisión fue emitida en marzo de 2012, en ella quedó en evidencia que como diseñador del software del sistema financiero CIAD de la Secretaría de Hacienda de Valledupar, entregó claves al ingeniero de sistemas Arquímedes Miranda, para que manipulara a su antojo la base de datos del recaudo de impuestos.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN