Con la promulgación de la Constitución Política en 1991, la Fiscalía General de la Nación empezó a operar a partir del 1 de julio de 1992, como un organismo independiente adscrito al Poder judicial en Colombia. Desde la aparición de la Fiscalía, ha sido influenciada por la política, la elección del Fiscal General de la Nación no discurre por las calidades académicas, sino por su identidad partidista; gestando consecuencias en la situación institucional en lo que en la técnica del constitucionalismo clásico se denomina “sistema de frenos y contrapesos”. En un sentido más amplio, toda relación de poder es susceptible de alcanzar un estado de equilibrio, por compensación de fuerzas enfrentadas.

El senador precandidato presidencial Jorge Robledo, denunció que el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene una inhabilidad moral y ética para investigar el escándalo Odebrecht. El argumento de la denuncia tiene que ver con la asesoría brindada por la firma Martínez Neira & Abogados a la empresa colombiana Navelena, que es operada por la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Esta denuncia coincide con las advertencias surgidas en el proceso de elección como Fiscal de Néstor Humberto Martínez, debido a que su carrera pública la ha hecho sin cerrar su bufete privado de abogados, permitiéndose expandir su abanico de clientes y contactos.

Persiste la percepción de que la Administración de Justicia demuestra incapacidad para tramitar oportunamente los conflictos que la ciudadanía somete a las instancias judiciales. Los colombianos necesitamos recuperar la credibilidad en la justicia y eso no se va a lograr mientras que la institución reservada para precisos menesteres ocupe su tiempo en resolver intereses particulares.

De nada o muy poco sirven los procesos de modernización del estado, a través de iniciativas como la política antitrámites, Gobierno en Línea y las medidas para que las acciones del Estado estén resguardadas por la transparencia. El caso de sobornos orquestados por Odebrecht, es oportuno para dignificar la labor institucional de la Fiscalía, sin dilaciones y oportunidad, consentir la resolución es injusticia.

La mirada al escándalo de Odebrecht no puede ser desviada, como ha ocurrido en otrora y recientemente con los casos inherentes a Reficar, Interbolsa, Saludcoop y Caprecom, entre otros. Tampoco es pertinente minimizar un problema de carácter nacional en el Departamento de La Guajira, incluso rehusando principios de carácter constitucional establecidos en la descentralización administrativa. Los hombres de Estado engrandecen el prestigio de las Instituciones. El Fiscal General de la Nación es un funcionario público, su función esencial es la defensa de lo público, no de particulares ni de partidos políticos.

Por Luis Elquis Díaz

@LuchoDiaz12