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Columnista - 23 junio, 2011

El colapso del sector salud

Algo sobre Por: José Romero Churio Una de las metas de la ley 100 de 1993 es el mejoramiento de la atención de la salud de los colombianos, tanto en calidad como en oportunidad y cobertura. Sin embargo, la intermediación permitida por la ley en la prestación de un servicio social esencial como la salud […]

Algo sobre

Por: José Romero Churio

Una de las metas de la ley 100 de 1993 es el mejoramiento de la atención de la salud de los colombianos, tanto en calidad como en oportunidad y cobertura. Sin embargo, la intermediación permitida por la ley en la prestación de un servicio social esencial como la salud humana, que requiere de un considerable rubro presupuestal,  que si no dispone de una administración competente acompañada de un sistema de vigilancia y  control riguroso, la corrupción lo permea  convirtiendo la atención sanitaria en un negocio que a la postre menoscaba los resultados proyectados.
En síntesis, esto es lo acontecido en el sistema nacional de salud que desde hace varios años, para no decir desde la implementación de la ley 100, se encuentra en crisis, a la cual pareciera que ningún gobierno ha podido o querido darle solución que, ahora, el gobierno actual, ha prometido emprender todo el esfuerzo posible para mantener un sistema de salud eficiente y efectivo. Entretanto, estamos en la espera de que dicha promesa empiece a funcionar después del deslinde y nueva conformación  del Ministerio de Salud, que el gobierno anterior fusionó con el Ministerio del Trabajo bajo el nombre de Ministerio de la Protección Social, que al parecer agravó la situación del sector salud,  que en algunas partes del país ya colapsó, como ejemplo fehaciente de tan terrible calamidad tenemos la ciudad de Valledupar.
Desde el establecimiento  de la ley 100, los políticos se adueñaron del régimen subsidiado (que ampara la población más pobre del país), al que le sacan doble ganancia, ya que se apropian  parte de su recurso financiero y además lo aprovechan para obtener votos con la inclusión de beneficiarios a dicho régimen, ejemplo evidente de esto es la EPS SolSalud, cuyo mayor propietario es un jefe político en Santander, el ex senador Luis Alberto Gil, prisionero por nexos con grupos armados ilegales.
En Valledupar dos de sus clínicas más importantes están en quiebra económica y el resto de centros hospitalarios los tiene en apuros la iliquidez monetaria, esto se refleja en que algunos adeudan varios meses de sus nóminas y varios proveedores les suspenden el suministro de medicamentos e insumos por la mora en los pagos. No obstante, hay que reconocer la consideración de los proveedores que a veces toleran hasta seis y más tiempo en el pago de sus facturas.
Según el Decreto 4747 de 2008 las EPS deben cancelar a las IPS el 50% del total del valor de la facturación por la atención de sus afiliados, en los primeros cinco días hábiles después de haberse radicado la cuenta y contempla un lapso de 30 días hábiles para el pago del resto, mientras se verifica el monto real facturado. Pero esto es letra muerta, ya que se valen de múltiples argucias para evadir el pago oportuno con moras prolongadas que impiden márgenes de utilidad en las IPS.
Uno de los subterfugios de las EPS es la aplicación de Glosas por eventos que se suponen no deben facturarse; por ejemplo, una atención no autorizada por la EPS, entre muchas glosas más de las veces injustificadas.
Con relación a la prestación de servicios de salud, Valledupar es sui géneris, aquí las tarifas son las más bajas del país, igual sucede con los honorarios de los profesionales y demás trabajadores del sector salud, cuyos compromisos les imponen laborar en varias instituciones para cumplir sus obligaciones.
Muchos se preguntarán ¿Entonces cómo crecen las clínicas? En realidad el crecimiento lo obligan las normas que a menudo emiten las autoridades de la salud exigiendo infraestructuras  que requieren la prestación de servicios de salud, para lo cual las clínicas hacen créditos a largo plazo.
La realidad es que en Valledupar las clínicas y hospitales tienen gran demanda de pacientes, y a pesar de las bajas tarifas, todos los meses facturan una suma X y las EPS sólo le pagan X-N (N=glosas) que son cifras millonarias que hay que conciliar y las IPS cuentan con suerte si logran salvar entre el 50 y el 70%.
En fin, múltiples son los factores responsables del colapso del sector salud. Repito, la esperanza es que este gobierno tenga la voluntad y el temple para revertir tan crítica situación.

Columnista
23 junio, 2011

El colapso del sector salud

Feel the sand on your feet, not your wardrobe weight.
José Romero Churio

Algo sobre Por: José Romero Churio Una de las metas de la ley 100 de 1993 es el mejoramiento de la atención de la salud de los colombianos, tanto en calidad como en oportunidad y cobertura. Sin embargo, la intermediación permitida por la ley en la prestación de un servicio social esencial como la salud […]


Algo sobre

Por: José Romero Churio

Una de las metas de la ley 100 de 1993 es el mejoramiento de la atención de la salud de los colombianos, tanto en calidad como en oportunidad y cobertura. Sin embargo, la intermediación permitida por la ley en la prestación de un servicio social esencial como la salud humana, que requiere de un considerable rubro presupuestal,  que si no dispone de una administración competente acompañada de un sistema de vigilancia y  control riguroso, la corrupción lo permea  convirtiendo la atención sanitaria en un negocio que a la postre menoscaba los resultados proyectados.
En síntesis, esto es lo acontecido en el sistema nacional de salud que desde hace varios años, para no decir desde la implementación de la ley 100, se encuentra en crisis, a la cual pareciera que ningún gobierno ha podido o querido darle solución que, ahora, el gobierno actual, ha prometido emprender todo el esfuerzo posible para mantener un sistema de salud eficiente y efectivo. Entretanto, estamos en la espera de que dicha promesa empiece a funcionar después del deslinde y nueva conformación  del Ministerio de Salud, que el gobierno anterior fusionó con el Ministerio del Trabajo bajo el nombre de Ministerio de la Protección Social, que al parecer agravó la situación del sector salud,  que en algunas partes del país ya colapsó, como ejemplo fehaciente de tan terrible calamidad tenemos la ciudad de Valledupar.
Desde el establecimiento  de la ley 100, los políticos se adueñaron del régimen subsidiado (que ampara la población más pobre del país), al que le sacan doble ganancia, ya que se apropian  parte de su recurso financiero y además lo aprovechan para obtener votos con la inclusión de beneficiarios a dicho régimen, ejemplo evidente de esto es la EPS SolSalud, cuyo mayor propietario es un jefe político en Santander, el ex senador Luis Alberto Gil, prisionero por nexos con grupos armados ilegales.
En Valledupar dos de sus clínicas más importantes están en quiebra económica y el resto de centros hospitalarios los tiene en apuros la iliquidez monetaria, esto se refleja en que algunos adeudan varios meses de sus nóminas y varios proveedores les suspenden el suministro de medicamentos e insumos por la mora en los pagos. No obstante, hay que reconocer la consideración de los proveedores que a veces toleran hasta seis y más tiempo en el pago de sus facturas.
Según el Decreto 4747 de 2008 las EPS deben cancelar a las IPS el 50% del total del valor de la facturación por la atención de sus afiliados, en los primeros cinco días hábiles después de haberse radicado la cuenta y contempla un lapso de 30 días hábiles para el pago del resto, mientras se verifica el monto real facturado. Pero esto es letra muerta, ya que se valen de múltiples argucias para evadir el pago oportuno con moras prolongadas que impiden márgenes de utilidad en las IPS.
Uno de los subterfugios de las EPS es la aplicación de Glosas por eventos que se suponen no deben facturarse; por ejemplo, una atención no autorizada por la EPS, entre muchas glosas más de las veces injustificadas.
Con relación a la prestación de servicios de salud, Valledupar es sui géneris, aquí las tarifas son las más bajas del país, igual sucede con los honorarios de los profesionales y demás trabajadores del sector salud, cuyos compromisos les imponen laborar en varias instituciones para cumplir sus obligaciones.
Muchos se preguntarán ¿Entonces cómo crecen las clínicas? En realidad el crecimiento lo obligan las normas que a menudo emiten las autoridades de la salud exigiendo infraestructuras  que requieren la prestación de servicios de salud, para lo cual las clínicas hacen créditos a largo plazo.
La realidad es que en Valledupar las clínicas y hospitales tienen gran demanda de pacientes, y a pesar de las bajas tarifas, todos los meses facturan una suma X y las EPS sólo le pagan X-N (N=glosas) que son cifras millonarias que hay que conciliar y las IPS cuentan con suerte si logran salvar entre el 50 y el 70%.
En fin, múltiples son los factores responsables del colapso del sector salud. Repito, la esperanza es que este gobierno tenga la voluntad y el temple para revertir tan crítica situación.