El diputado Alfredo Pinto expresó su preocupación en la plenaria de la Asamblea del Cesar, por la falta de celadores y aseadoras en todos los colegios públicos del Cesar. “Es una preocupación que tenemos los diputados porque aun con celadores las instituciones han sufrido los efectos de la delincuencia común que está afectando al departamento.

Afirmó que no entiende por qué si los alumnos salen en diciembre, a esta fecha ya se terminó el contrato. “Entonces quién va a responder por la seguridad del colegio en este tiempo”, expresó. Según Pinto, teniendo en cuenta lo que demora el proceso contractual, la nueva contratación se iría hasta el mes de febrero y marzo.

Lo que más preocupa a los corporados es que se han hecho unas inversiones importantes para dotar a las instituciones de algunas herramientas y materiales que le permitan dar clases de manera adecuada y no es justo que se vayan a perder por falta de vigilancia.

“Cómo es posible que nos vamos a quedar sin recursos faltando dos meses para terminar el calendario escolar. Hay que diseñar una estrategia y por eso invitamos al Secretario de Educación Departamental, porque no podemos dejar los colegios solos, porque pueden ser víctimas de la delincuencia y se pueden robar los equipos y material didáctico que tienen y que ha costado mucho conseguirlos. Deben revisar el tema porque es inconcebible esta situación”, declaró Pinto.

De esta manera, los rectores de las instituciones oficiales del departamento se mantienen en alerta máxima, por la circular N° 0292 del 30 octubre emanada de la Secretaría de Educación Departamental con la que suspende el servicio de vigilancia.

Son más de 130 instituciones educativas las que quedaron expuestas al accionar de la delincuencia. De acuerdo con el secretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araújo, la suspensión de la vigilancia se debe que no se pudo hacer una adicción presupuestal para el pago a la empresa dedicada a esa labor.

Antes de terminar el año lectivo, las instituciones educativas oficiales del Cesar quedaron sin vigilancia, y estarán así hasta el 2018 cuando se cumpla el proceso contractual.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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