Terminó el Festival de la Leyenda Vallenata, todo un éxito musical, económico, turístico y de mucha tranquilidad, hasta la mafia hizo su aporte positivo, poco que lamentar. Ahora, después de la rasca, volvemos a lo fáctico, a enfrentar nuestros problemas. Las fiestas nos sustraen de la realidad y nos alienan por algunos momentos, son tal […]
Terminó el Festival de la Leyenda Vallenata, todo un éxito musical, económico, turístico y de mucha tranquilidad, hasta la mafia hizo su aporte positivo, poco que lamentar. Ahora, después de la rasca, volvemos a lo fáctico, a enfrentar nuestros problemas. Las fiestas nos sustraen de la realidad y nos alienan por algunos momentos, son tal vez, la mejor terapia para curar las cuitas. Por eso se dice que Colombia es uno de los países más felices del mundo, aquí las fiestas no terminan.
Durante una semana nos olvidamos de lo trascendental ocupándonos de lo lúdico. Indudablemente, esta fiesta mueve la vallenatía y arrastra los sentimientos de todos los rincones del país y de muchos lugares allende la frontera que ya nadie no nos los podrá quitar, más, esto hay que verlo desde otras aristas. Por ej., el informe anual, 2015-2016, de Transparencia por Colombia, acaba de publicar el nivel de vulnerabilidad administrativa de 167 entidades públicas, de las cuales el 60 % se encuentra en alto riesgo de corrupción, 40 % en riesgo moderado y ninguna en bajo riesgo; esto nos indica que Colombia es una alcantarilla.
En las entidades nacionales, 73 % se encuentra en alto riesgo de corrupción y 27 % en riesgo moderado; 25 de las 32 (78 %) gobernaciones en riesgo alto y 11 (22 %) en riesgo moderado; 17 de las 28 (60 %) alcaldías consideradas en riesgo alto, y solo 11 (40 %) en riesgo moderado. Respecto a las contralorías, nacionales, departamentales y municipales, en lo referente a contratación, el riesgo alto es 74, 59 y 41 % respectivamente. La Contraloría del Cesar obtuvo una grave posición, 29/32. Una tendencia encontrada es que el riesgo de corrupción en los entes territoriales es proporcional al nivel financiero de estos. La contratación con un solo proponente es la moda; en los departamentos, el 59 % lo hace así y en los municipios el 53 %.
Otro elemento que midió Transparencia fue la vinculación laboral por meritocracia; a nivel nacional el 72 % de los empleados engancha por sus méritos, en los departamentos el 52 % y en los municipios solo el 48 %. En el Caribe colombiano ninguna entidad realizó procesos meritocráticos. En el Senado de la República y en la Fiscalía General, los riesgos altos de corrupción ascendieron a 50 y 55 % respectivamente. Mientras tanto, la Cámara de Representantes pasó de un riesgo alto en la anterior medición, a uno medio. En esta medición, las entidades nacionales que incrementaron su riesgo fueron la Fiscalía General, Minjusticia, Mintransporte, UIAF y SENA.
En riesgo moderado las entidades mejor posicionadas son las Superintendencia de Sociedades y Financiera, así como el DNP. Pero en el índice de corrupción los mejores ubicados son la Función Pública con 80.2, Comercio, Industria y Turismo con 79.4 y salud con 74.8 sobre cien buenos.
La capital mejor posicionada fue Barranquilla con 77.5/100 puntos y la peor Sincelejo con 40/100, no muy alejada de Valledupar con 46/100, muy por debajo de Riohacha que obtuvo 63.1/100.
Un punto crítico y donde se mueve el clientelismo, es la falta de información y publicación sobre programas sociales como Familias en Acción, adulto mayor, casas gratis, subsidios para vivienda, asistencia a víctimas del conflicto; en la asignación de estos recursos impera la discrecionalidad de los mandatarios. Sandra Ximena Martínez, de Transparencia por Colombia, dijo en el foro organizado por El Pilón, que el 30 de los colombianos cree que la corrupción es el mayor inconveniente que enfrenta el país; $9.45 billones se pierden al año por este concepto, dijo. Estas cifras son el estiércol de una clase político-religiosa que mueve la economía.
Por Luis Napoleón de Armas P.