¿Quién podría haberse imaginado que terminaríamos añorando las épocas del expresidente Julio César Turbay, quien durante su mandato pronunció una de las frases que lo haría tristemente célebre al pedir “reducir la corrupción a sus justas proporciones”? ¿Qué no daríamos porque hoy la corrupción se mantuviera “justamente proporcionada”, en palabras del expresidente?

La corrupción ha desbordado todo límite imaginable, alcanzando niveles solo explicables en términos de aberración, en un contubernio entre lo público y lo privado que causa repugnancia, por lo indecoroso y despreciable de los hechos que la rodean. No es necesario hacer un inventario de los más recientes escándalos que han estallado en el país, para entender que hemos caído en un abismo frío y oscuro, cuyo fondo pareciera estar aún lejos de tocarse.

Los medios nos presentan a diario cifras cada vez más astronómicas que dan cuenta de lo robado, y pareciera que hubiéramos perdido la capacidad de sonrojarnos; como si con cada nueva revelación ya no importara si el soborno fue de miles o lo sustraído decenas de miles más. Las abuelas decían que con el tiempo a uno el cuero se le va poniendo duro, pero a diferencia de entonces, pareciera que ahora vivimos en una sociedad cara dura, en medio de una cultura del dinero fácil, donde todo se permite y nada se denuncia.

Lo más grave es que a ese cuero duro pareciera ya no importarle si lo robado fueron “solo un par de miles de millones”, como si esos daños fueran menos importantes, o la conducta que los genera no fuera igual de delincuencial. Si revisamos los hoy mal llamados “menores” escándalos, resultaría infinita la lista de decepciones y desengaños en la función pública, y más decepcionante aún, cuando de los recursos de la educación y la salud de nuestros departamentos se trata.

Tal es el caso recientemente publicado sobre el departamento de Sucre, donde de manera descarada nos volvieron a robar a los colombianos. En efecto, la Gobernación del departamento de Sucre le habría pagado directamente a diferentes IPS, con recursos de la Nación, una serie de tratamientos y medicamentos que al parecer nunca se practicaron ni se entregaron, y justificaron los pagos con documentos aparentemente falsos. Se trata del caso de los falsos pacientes asociados a la drogodependencia, que en su momento se conoció como el “Cartel de los Enfermos Mentales”, donde según los nuevos hechos que se dieron a conocer esta semana, se manipularon diagnósticos, se falsificaron documentos, con todo un montaje propio de la más temible empresa criminal, para apropiarse de más de $ 5 mil millones de pesos de los colombianos.

Aquí tal vez no haya habido “tulas” de dinero en efectivo, ni encuentros nocturnos en los sótanos de los parqueaderos, pero eso no significa que lo ocurrido en Sucre sea menos repugnante o menos aberrante que lo que hoy nos llega de la capital. Funcionarios públicos se habrían prestado para efectuar pagos sin la existencia de soportes contractuales, sin que mediara la autorización del Ministerio de Salud, sin que las IPS que recibieron los dineros hubieran demostrado su capacidad para funcionar y prestar los servicios facturados, y a pesar de todo ello la Secretaría Departamental de Salud continuó avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago. Ojalá el cuero duro sirva más bien para denunciar y desenmascarar a todos los responsables, y que este escándalo no siga pasando “de agache”.

Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Javeriana.

Por Carlos Iván Castro Sabbagh