Contraloría investiga al gobernador Franco Ovalle, al alcalde Tuto Uhía y al exgobernador Monsalvo

En un comunicado emitido por la Contraloría General de la República, el organismo afirmó: “Un preocupante panorama de malos manejos de los recursos públicos en los 8 departamentos que conforman la Región Caribe, encontró la Contraloría General al rendir cuentas de su gestión, en audiencias públicas realizadas de forma simultánea en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo , Riohacha y San Andrés”.

Varios de los hallazgos y procesos fiscales que ha detectado y tramita la Contraloría General de la República han  sido de impacto nacional: Electricaribe, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los Carteles de la Hemofilia y de los Enfermos Mentales, entre otros. Pero también aparecen irregularidades que se han descubierto por las fallidas sedes de la ESAP en Santa Marta y de la Corporación Ambiental Coralina, en San Andrés, o los sobrecostos que se dieron en la compra de predios para poner el Sistema de Transporte Masivo Transcaribe, entre muchos casos.

El Cesar ha sido unos de los departamentos de la Costa donde la CGR ha adelantado varias acciones para salvaguardar los recursos públicos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El siguiente es el aparte del comunicado de prensa relacionado con el Cesar:

“Por irregularidades que ha detectado en este tema, el organismo de control ha abierto en este departamento 13 procesos de responsabilidad fiscal por una suma total de $8.518 millones, que involucran como presuntos responsables a más de una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas, entre quienes están el Gobernador del Cesar,  Francisco Fernando Ovalle Angarita, y el Alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez. El Gobernador está vinculado a un proceso donde se investiga un detrimento patrimonial de $2.451 millones y el Alcalde a un proceso por más de $740 millones; y ambos casos se investiga a la Fundación Acción Social Integral –ACSI.

También son investigados el exgobernador Luis Alberto Monsalve Gnecco; el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla; y el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza (en 2 procesos). Igualmente: el Secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez (en 5 procesos), el Secretario General  del departamento, Jaime Luis Fuentes Pumarejo (en 3 procesos); el Secretario General de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga Zambrano; el Secretario de Educación de Valledupar, Luis Carlos Matute de la Rosa (en 2 procesos); y el exsecretario de Educación Municipal de La Jagua de Ibirico, Daniel Emilio Argote.

Además, el exsecretario de Educación de Codazzi, Raúl Casimiro Bermudez Castilla (en 2 procesos); el exjefe de Planeación del municipio de Gamarra, Alvaro Alberto Clavijo Ramírez; y el funcionario de la Gobernación del Cesar, Octavio Lafont Chica, en su calidad de supervisor de 3 contratos (y vinculado en igual número de procesos).

 

Contratistas investigados 

Y entre los contratistas están vinculados la  Fundación Kabala (en 2 procesos), la Asociación de Manipuladores del Cesar (en 4 procesos), la Fundación Gestión Empresarial de Servicios Sociales y Asistencia a la Comunicad –Sysdac, la Corporación Gestión del Recurso Social Humano –GERS y la Fundación Acción Social Integral –ACSI, antes Kabala (en 4 procesos).

También la Corporación Corazón País (en 2 procesos), la Fundación de Programas de Prevención Nutrición Provenir, la Fundación Proveer Nuevo Milenio y la Corporación Comunitaria para Apoyo Nutricional de Niños y Niñas.

 

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Judicial

Los procesados son: Sidney Reyes Rincones y Juan de Dios De Ávila, quienes son acusados de dar muerte a una adolescente, tras impactarla por la espalda, cuyo juzgamiento será definido por el Consejo de la Judicatura: será la Justicia Penal militar o la ordinaria la que lleve el proceso.

Las autoridades de tránsito se trasladaron hasta el lugar del percance en donde hicieron el levantamiento del cadáver y elaboraron el croquis del accidente, con el fin de establecer la responsabilidad del hecho.

Según el Ejército, la captura se produjo en zona urbana del municipio de Riohacha, La Guajira, gracias al trabajo de inteligencia militar que permitió obtener evidencias suficientes para que la Fiscalía emitiera una orden de allanamiento a la vivienda donde se encontraba refugiado.

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