La Contraloría General del Departamento del Cesar remitió a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría los expedientes que dan cuenta de un presunto detrimento patrimonial e irregularidades en la ejecución de un contrato de remodelación y ampliación  del hospital  San Roque de El Copey.
Las anomalías fueron detectadas tras una visita especial practicada al contrato OB009 de 2007,  suscrito con la firma Asociénaga representada por Jorge Fernández Orozco, por valor de $1.388 millones de pesos, aproximadamente, con una duración de 12 meses, obra que debió entregarse el 17 de octubre de 2008.
La Contraloría intervino ante la queja de los concejales de El Copey, y tras varias inspecciones especializadas detectó el detrimento patrimonial cuantificado en 593 millones de pesos.
Aunque el ente de control intentó salvaguardar el erario público gestionando mesas de concertación con el alcalde de ese municipio, el asesor jurídico, la encargada de la Oficina de Planeación Municipal, el contratista; el interventor, Armando Rodríguez Juliao; el ingeniero residente y funcionarios de la Gobernación, para que se cumpliera el contrato como fue concebido, finalmente no fue posible corregir las fallas, por lo que se enviaron los informes a los organismos para que establezcan las responsabilidades disciplinarias y penales a que hubiere lugar.
Las obras fueron contratadas en el año 2007 y  a instancias del actual alcalde municipal quedaron al descubierto varias irregularidades por modificación de diseños, adición de obras no autorizadas, mala calidad de las mismas e incumplimiento en el plazo de entrega.
Así mismo, se descubrió que el contratista en unión con el interventor, engañaron a la Administración haciéndose pagar obras no concluidas.
La Contraloría finalmente concluyó que se pagaron obras no ejecutadas, que el interventor y el contratista faltaron a la verdad y éste último no entregó oportunamente el informe final de interventoría, lo que conllevó al alcalde a declarar el incumplimiento del contrato.