Con el fin de evitar un aparente detrimento patrimonial, la contralora Municipal Mercedes Vásquez Ramírez, le hizo una advertencia al alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, relacionada con la gestión de cobro de impuestos, por parte del Municipio, a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

Según expresó la Contralora, su despacho pretende que el mandatario actúe como representante legal del Municipio, y adopte o ejerza las acciones jurídicas que conduzcan al recaudo eficaz de las obligaciones tributarias que le corresponde cancelar a la Fundación.

Explicó que esas obligaciones se refieren a impuestos de industria y comercio, espectáculos públicos y, en general, por cualquier otra obligación pendiente con el ente territorial. Tal como figura en las normas legales y los actos expedidos por el Concejo Municipal.

Sumado a eso, la funcionaria le dijo a Socarrás Reales que es necesario que la administración, tramite y asuma las actividades y acciones jurídicas que permitan el recaudo eficaz, oportuno y efectivo de los impuestos a cargo de los contribuyentes.

La conclusión 

Según conoció EL PILÓN, la semana pasada, la Contraloría visitó a la secretaria de Hacienda Municipal, Lili Mendoza, para constatar el estado de las obligaciones de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, con relación a los impuestos de industria y comercio de los años 2007 a 2011 y los impuestos de espectáculos públicos de las vigencias 2007, 2009 y 2010.

 Al parecer, esta diligencia dio motivo para que la Contralora lanzara esta advertencia.

•  Vigencia 2007: se encontró un expediente incompleto con documentos en copia simple; el Titulo ejecutivo en copia, no presenta mandamiento de pago y se evidencia una notificación de medida cautelar de embargo enviada a los diferentes bancos de la ciudad.

•  Vigencia 2008: en este año, la fundación fue exonerada por el decreto 00178 de abril del 2008, suscrito por el alcalde de la época Rubén Carvajal.

•  2009 – 2010: respecto a las obligaciones de estos años la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, suscribió el 8 de abril de 2011, un acuerdo de pago por un monto de 629 millones 900 mil pesos y canceló una cuota inicial del 20 por ciento por valor de 125 millones 980 mil pesos. El saldo restante sería pagado en cinco cuotas semestrales.

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda Municipal aprobó la garantía ofrecida por la Fundación, consistente en un pagaré en blanco, firmado por Rodolfo Molina Araujo, en calidad de representante legal de la Fundación; documento que se encuentra extraviado, circunstancia que fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación.

La historia de los plazos  

En octubre del 2011, el representante legal de la Fundación le solicitó al Secretario de Hacienda de turno, una refinanciación de la obligación en cuanto al plazo estipulado inicialmente. Mediante resolución de diciembre de 2011, se amplía hasta 60 meses el plazo para pagar el impuesto de Espectáculos Públicos de las vigencias 2009 y 2010, pactándose un pago de cinco cuotas.

En ese sentido, y de acuerdo a la información entregada por Mendoza, la Fundación incumplió el acuerdo. Por esta razón en septiembre del año pasado se libró un mandamiento de pago por vía ejecutiva, a favor del Municipio y a cargo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Así mismo, se decretó el embargo de las cuentas corrientes de ahorros y CDTS del contribuyente. 

Lo delicado 

Según el análisis realizado por la Contraloría, en la visita no se encontró evidencia de que los recursos hayan ingresado al Municipio, como tampoco se logró establecer el estado del proceso del cobro mencionado. Por otra parte, según lo indicó la Contralora no existen evidencias suficientes que le permitan a su oficina establecer con claridad, cuáles fueron las acciones efectivas y oportunas que, se supone, adelantaron las administraciones anteriores para lograr el recaudo de los impuestos.

Esto último, es de vital importancia para el entendimiento de este proceso. Según explicó Mercedes Vásquez, es oportuno reiterar el grado de responsabilidad que le cabe a la administración municipal para ejercer las acciones pertinentes para obtener el pago descrito.