Desde el 26 de agosto hasta ayer, la Defensoría del Pueblo en Valledupar ha recibido 50 quejas del mismo número de familias que han salido de Venezuela por temor a lo que pudiera suceder debido a la crisis en la frontera. La entidad aseguró que las personas acudieron a esta dependencia han recibido la atención requerida, como entidad realizan el trabajo de recibir todas las quejas y oficiar a las entidades tanto de orden municipal como departamental para que activen el plan de contingencia que ellos tienen diseñado de acuerdo a las mesas de trabajo que el mismo Defensor del Pueblo ha asistido para que se le brinde la ayuda que requieren.

Como Defensoría, el ente ha organizado unas mesas de trabajo con el fin de que hayan ayudas de emergencia porque si bien es una crisis que desborda las alternativas que pueden tener los entes territoriales, en estos momento el Ministerio Público es un medio más no un resultado que se encarga de gestionar ante las entidades para que se le brinden la atención necesaria.

A pesar de eso, en la mañana de ayer un grupo de personas que han llegado a la capital del Cesar desde Venezuela, se aglomeraron en las afueras de la Alcaldía de Valledupar para solicitar la ayuda del Gobierno, y piden sean tenidos en cuenta en beneficios que contribuyan a empezar una nueva vida junto a sus familias.

Es el caso de Jaime Luis Mejía, un vallenato que salió del vecino país con su esposa y sus dos hijos. Hoy están en Valledupar en la casa de un familiar. “Nosotros teníamos una tienda en San Rafael del Mojan y el 22 de agosto  la guardia venezolana se nos metió y nos hizo vender toda la mercancía a precio regulado, dejándonos con una mano adelante y otra atrás. Nos querían quitar al bebé que nació allá, por lo que los vecinos nos ayudaron a salir en la madrugada por una trocha para que no nos fueran a quitar al niño”, expresó Mejía.

El hombre dijo que buscan la ayuda del Gobierno y no para que les den dinero, si no una nueva oportunidad para trabajar y tener el sustento diario.

Así mismo Elis Lobato, una mujer que tenía 14 años viviendo en Venezuela y se vino de manera voluntaria por temor a que la sacaran a las ‘malas’. “Lo que yo le pido al Gobierno es que nos ayuden a traer las cosas que tenemos allá para poder tener algo y comenzar de cero”, acotó.

Ante esto el secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mario Céspedes indicó que es importante diferencias dos sucesos: las personas deportadas y las retornadas. Los deportados son los expulsados desde Venezuela que no los dejan ni sacar los enseres y los llevan hasta las tres fronteras autorizadas como son Arauca, Norte de Santander y La Guajira.

El funcionario dijo que una vez llegan, la Cruz Roja le da la primera ayuda humanitaria. Posterior a eso la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo le entrega los subsidios. “Por La Guajira solamente se han deportado 180 personas. Quiere decir que las personas que están llegando a Valledupar no son deportados sino retornados, es decir no han pasado por Emigración Colombia”, explicó.

La ruta para estos retornados es llegar a la Oficina de Gestión de Riego a dejar sus declaraciones bajo la gravedad de juramento porque hay muchas personas que están aprovechándose de la situación para recibir beneficios del Estado.

“Nosotros recibimos la declaración y la enviamos a la Gobernación. Ellos recopilan los 25 municipio y lo envía a Emigración para certificar si de verdad son deportados o no. En el momento que nos digan que no son deportados estaremos impulsando copia a la Fiscalía para que tome las investigaciones correspondientes por faltar a la verdad”, acotó el Secretario de Gobierno Municipal.

Al comprobar que son deportados se harán acreedores del subsidio que está entregando la Unidad de Gestión de Riesgo a nivel Nacional.

Desde el 26 de agosto, la Defensoría del Pueblo en Valledupar ha recibido 50 quejas por familias que han llegado de Venezuela a causa de la crisis que se vive.

Andreina Bandera / EL PILÓN

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