A uno de los pabellones de la cárcel de Sabanalarga, Atlántico, fueron enviados cuatro de los cinco uniformados de la Policía Nacional y un civil, capturados por la Dijín en operativos adelantados en La Guajira, señalados de tener nexos con las bandas criminales con injerencia en esta región del país.

Las medidas de aseguramiento fueron dictadas por el Juzgado Primero Penal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías Ambulante Bacrim, a los procesados como presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho y concusión.

Durante la vista pública, el intendente Elzer Cabarcas Márquez, quien se desempeñaba como investigador en el área de criminalística de la Sijín, no se allanó a los cargos imputados, pero fue enviado a la cárcel por concierto para delinquir agravado y concusión.

El Intendente Jhon Jairo Gámez, tampoco aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, por el delito de concierto para delinquir agravado y cohecho propio. También fue enviado a la mencionada prisión.

El subintendente de la Sijín, Óscar Iván Torres Medina, quien pese a negar su participación en tales acusaciones fue encarcelado por concierto para delinquir agravado y concusión.

A prisión también fue enviado el patrullero José Raúl Navarro Palomino por los mismos delitos.

A su turno, el patrullero Eduardo Luis Madrid Polo, sí se allanó a los cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho propio. Sin embargo fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El único de los uniformados que recibió el beneficio de la detención domiciliario fue el intendente Martín Emilio Londoño Echeverri, por cuanto es padre cabeza de hogar y tiene dos hijos a su cargo.

Entre tanto, el civil Richard Eliécer Reyes Julio, también deberá permanecer en un centro de reclusión, por presuntamente haber trabajado con el grupo de policías antes mencionado.
La investigación está a cargo de Fiscalía 20 Especializada contra Bandas Criminales de Medellín, Antioquia.

Por Abdel Martínez Pérez