Tomó posesión como nuevo fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Asume el nuevo fiscal un robusto organismo, que además de burocratizado, arrastra con el lastre de escándalos publicitarios recientes tales como la millonaria contratación directa del fiscal saliente, Eduardo Montealegre, con la politóloga Natalia Springer, por la suma de cuatro mil millones de pesos, y que hoy es objeto de investigación. Además del escándalo por el cartel de los testigos falsos, que han servido para falsear la realidad y se profieran fallos contra personas inocentes. Aún se recuerda el caso emblemático de Sigfredo López quien logró demostrar ante los estrados judiciales, las artimañas urdidas por el ente investigador, para acusarlo de secuestro y posterior asesinato de los once diputados del Valle del Cauca, por el que la Nación fue condenada a pagar una indemnización por la suma de 61 millones de pesos. Eso sin mencionar los muchos casos de fiscales investigados y condenados por delitos contra la administración de justicia, y los destituidos disciplinariamente por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones. Pero es que además, los despachos de las fiscalías están abarrotados de expedientes, muchos de ellos en el piso, expuestos a la humedad y a la polilla, durmiendo el sueño de los justos, en una justicia colapsada, con un sistema acusatorio, que se pensó que era la panacea, y en el que nadie cree. Los nombramientos en provisionalidad abundan y los concursos para proveer dichos cargos brillan por su ausencia. A estas fallas estructurales, que no coyunturales, se enfrenta el exministro Néstor Humberto Martínez Neira quien anuncia enhorabuena, que implementará un sistema para que las denuncias puedan ser formuladas a través del internet, sin necesidad de acudir a los despachos judiciales, tarea que resulta muy incómoda para el ciudadano, por las demoras y falta de eficacia en la justicia, al punto que muchos optan por no denunciar los hurtos de que han sido objeto.

No obstante, critico al nuevo fiscal, cuando afirma que hay que descriminalizar la violencia intrafamiliar, pues considero que la protección al núcleo familiar es la columna vertebral del Estado Social de Derecho, y es deber del Estado brindar protección a la familia como institución básica de la sociedad. A través del Derecho Penal, se ha logrado mitigar la violencia doméstica, y considero que es un craso error despenalizarla, pues el mensaje que con ello se estaría enviando a la sociedad, es que el Estado incumple flagrantemente su deber legal de proteger la familia contra toda forma de violencia destructiva de su armonía y unidad. Considero necesario, que la política de coerción punitiva del Estado, debe complementarse con una política pública integral de prevención de la violencia doméstica, para mitigar el problema y reducir su incidencia. Además, si alguna rama del derecho se encuentra en consonancia con los Tratados Internacionales, suscritos por Colombia, contra la violencia doméstica, es precisamente nuestro derecho penal. Entonces, pregunto: ¿Por qué cambiar lo que está bien? ¿Será que este es un ejemplo más de los vaivenes de nuestra política criminal?