Luego de un intenso debate realizado por la Asamblea, en el que se escucharon voces en contra de los atropellos que suele cometer la empresa de energía Electricaribe a sus usuarios, surgieron propuestas como la creación de una oficina para la defensa de los usuarios en todo el Cesar, realizar capacitaciones a líderes para que puedan amparar los derechos de los usuarios y lograr convenios con universidades de la región para que estudiantes de Derecho asesoren a las comunidades que presentan quejas contra la empresa.

En el debate, propuesto por el diputado jaguero Eduardo Santos Flórez, el abogado Evelio Daza Daza afirmó que cualquier debate que se realice en contra de Electricaribe ya supone un desgaste, pues la falta de toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional para favorecer a la ciudadanía costeña así lo evidencian. En consecuencia, propuso enjuiciar directamente al presidente de la República, Juan Manuel Santos, ya que –a su juicio- mientras él siga en el cargo no prosperará ninguna idea que vaya contra los intereses de esta comercializadora de energía.

Daza Daza recordó la Cumbre de Gobernadores y Alcaldes de la región Caribe realizada el pasado mes de enero en Barranquilla, donde los mandatarios llevaron como propuesta un movimiento popular de resistencia a Electricaribe, “pero llegó Santos, pidió 60 días para mejorar la situación de los atropellos de la empresa, pero no ha pasado nada. Entonces en un Estado social y democrático de derecho, el Estado debe garantizar a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos en unas condiciones óptimas, no hay derecho a que el gobierno se haga el de la vista gorda, frente a toda la cadena de atropellos de Electricaribe”, precisó.

Tras esta reunión, ningún mandatario volvió a referirse a un cambio de comercializadora de energía que reemplazara a Electricaribe, por lo que manifestó que no le extrañaría que hubiese una ‘mermelada’ del Gobierno Nacional hacia las regiones para bajarle el tono a la polémica por los atropellos de la mencionada empresa hacia la comunidad. “A mí no me extraña porque aquí hay ‘mermelada’ de doble vía. ¿Qué pasó? El presidente Santos asistió a Barranquilla con todos los alcaldes y gobernadores, pero no se ha vuelto a hablar más nada y como si fuera poco pusieron de presidente de la Confederación de Gobernadores a un amigo incondicional de Electricaribe, Amylkar Acosta Medina”, afirmó.

Para el abogado, la protesta contra los abusos de la comercializadora de energía debe orientarse hacia una solicitud a Juan Manuel Santos para que cumpla la misión constitucional de ser garante de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos. “Yo planteé al alcalde de Valledupar que echara mano del poder que le da la Constitución, que dice que son los alcaldes garantes y a través de un proceso de movilidad social que pueda evitar que Electricaribe continúe”.

Desobediencia civil en Don Carmelo

En el debate también participó José Rafael Araujo, vocal de control residente en la urbanización Don Carmelo, quien contó que hoy la comunidad se declarará en desobediencia civil y se enfrentará a las cuadrillas de Electricaribe, que ya les notificó su presencia para instalar los medidores que durante casi dos años no han dejado que se instalen en los hogares. “Electricaribe ha pasado cartas a casas diciéndoles que tienen una energía consumida dejada de facturar, o sea violando la ley. Son casos especiales que los estamos denunciando porque la empresa lo que quiere es hacer el cambio de medidores, ya nos pasaron una carta anunciando que los van a poner en los postes con el fin de ellos manipularlos, introducirle la irregularidad y así cobrarnos la famosa energía consumida dejada de facturar”, reveló.

Y es que en esta urbanización sus habitantes se han encargado de ‘protegerla’ de las cuadrillas técnicas de Electricaribe, impidiendo su entrada pues dicen conocer sobre las violaciones permanentes que vienen cometiendo contra los usuarios.

De acuerdo con cifras del Municipio, se estima que a diario se presenta un promedio de 50 quejas en la Casa de los Usuarios de los servicios públicos, que funciona en la Casa de Justicia del barrio La Nevada, contra atropellos de la empresa Electricaribe.

Por su parte, el diputado proponente del debate señaló que es necesario crear un ‘caos jurídico’ en Electricaribe con los procesos que llevará un grupo de abogados que él liderará, para que así se pueda exigir el cambio de la comercializadora de energía. “Así como Aguachica hoy la recibe de la empresa Centrales Eléctricas de Santander, que en estrato 1 cobra 58.000 pesos con aseo y alumbrado público incluidos, aquí también tenemos derecho a pagar así”, dijo.

Las cifras de Electricaribe

Johan Arango, gerente de Electricaribe, afirmó durante el debate que cada mes recibe de todos los municipios del Cesar donde actúa esta empresa (20 en total) un promedio de 3.500 derechos de petición y cerca de 1.800 recursos de reposición, para un total de 33.000 procesos a lo largo del 2016.

Explicó también que cuando se detecta energía consumida dejada de facturar, los medidores de energía son enviados a laboratorios pertenecientes a la Red de Metrología Nacional, debidamente acreditados por el organismo nacional de acreditación, entre ellos el laboratorio Electricaribe, Servimeter, el de la Compañía Americana de Servicios y otros como el de Empresas Públicas de Medellín, y ello depende de la disponibilidad que tengan tales laboratorios para revisión.

Lo que certifica, según Arango, que los resultados son veraces es el mismo organismo nacional de acreditación, que está vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Según Electricaribe, hasta la fecha se han recibido 33.000 procesos por abusos contra los usuarios.

  Por Jennifer Del Río Coronell
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