Son sorprendentes las similitudes del proyecto de “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales” con la ley habilitante de Chávez en 2010 para reforma agraria, que resultó en siete millones de hectáreas expropiadas, hato reducido a la mitad y economía rural colapsada. El proyecto es otro compromiso con las Farc, pero vendrán también los que amenacen la propiedad accionaria de la industria y los bancos, sin pasar por debates vía fast track en el Congreso, sino por Decreto Ley con base en facultades extraordinarias –habilitantes–. ¿Otra coincidencia?

Lo advertimos. A un alto costo de persecución, Fedegán planteó inquietudes sobre la tierra en la Reforma Rural, pues conocíamos la concepción fariana de reforma agraria; pero el negociador y hoy candidato De la Calle, afirmó que se garantizaba el derecho a la propiedad y que en lo acordado sobre tierras no había nada nuevo, pues todo estaba en la Constitución y la Ley.

Contábamos con esa alta incertidumbre, porque frente a la exigencia de tres millones de hectáreas para el Fondo de Tierras, y al fracaso de la extinción penal y la mala administración de baldíos, el Gobierno echaría mano –no lo he dudado– de la expropiación administrativa y la extinción por razones ambientales.

Por ello no es extraño ese proyecto de ¡166 artículos! que deroga la Ley 160 de 1994. ¿No que no había nada nuevo?

Y así, construido en la trastienda con las Farc, el proyecto está siendo “socializado” por el Ministerio de Agricultura, aunque los aportes de la sociedad no puedan incluirse si contrarían el Acuerdo Final.

El proyecto evidencia el propósito de control territorial de las Farc, con el inconcebible apoyo del Gobierno. Hay en la Reforma Rural ¡14 Programas Nacionales! para recuperar el campo, en temas como educación, salud, vías, asistencia, etc., pero el Gobierno solo reglamenta con urgencia el  “Ordenamiento Social de la Propiedad”.

Desde los principios se respira esa intención. El interés general prima sobre el particular, pero hay énfasis en que “será legítima la aplicación de medidas, incluso sobre la propiedad de la tierra”, para garantizar ese principio.

Se proclama una “transformación estructural de la realidad rural” y se crea una Agencia Nacional de Tierras con poderes omnímodos y jurisdiccionales para expropiar; una modificación sustancial de los conceptos y estructuras sobre la propiedad de la tierra, que no puede ser apenas “socializada”, sino que amerita amplio debate nacional.

No estamos contra el derecho del campesino a la tierra, pero quisiéramos ver al mismo tiempo la reglamentación de los 14 Planes Nacionales. Lo uno sin lo otro es la perpetuación de la pobreza, y un camino hacia el asalto a la propiedad rural.

Fedegán nació hace 64 años para defender el derecho a la propiedad privada de la tierra, y lo seguirá haciendo.

Por José Félix Lafaurie Rivera